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DE CUANDO LA JUSTICIA FUE CONDENADA

Por Cecilia Lamantia

En el pasado mes de julio finalizó el IV juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra provincia durante los años de la última dictadura cívico-eclesiástica-económica-militar. Como pocas veces ha ocurrido, Mendoza se sacudió el traje pacato y conservador para meterse en la historia con uno de los fallos más importantes en el devenir de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia; y para seguir el camino de lo justo, es oportuno decir que en gran parte esto ha sido posible gracias a quienes luchan en cualquier escenario jamás pensado, alzando las banderas de los derechos humanos.

La megacausa – como se la conoció- se desarrolló en gran parte en la sala de debate del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1 (TOF N°1) donde se escuchó el testimonio de testigos y sobrevivientes de lo padecido en los principales centros clandestinos de detención de la provincia, entre ellos el ex D2.

Fueron 215 audiencias desarrolladas desde el 17 de febrero de 2014, más de 200 testimonios que pasaron a formar parte del ADN de quienes pudimos escuchar el valor de quienes lograron ponerle palabras a tanto horror y señalar sin titubear a sus propios represores, con el peso de toda la historia en sus espaldas, con la única certeza de encontrar mediante esas palabras el abrazo ausente de sus seres queridos, la reconstrucción de la vida que fue y la que pudo haber sido, la reivindicación de aquellos ideales que rompían el cerco del individualismo, las pasiones de quienes trabajaron generosamente por un futuro mejor con lugar para todas y todos, las pulsiones de aquellas compañeras y compañeros que con las manos en los barrios levantaron hogares y sueños, de aquellas/os quienes ejercieron el oficio altruista de gestar un mañana libre y justo; testimonios cuyas palabras revivieron el espíritu de quienes desde la docencia replicaron un aprendizaje emancipador; haciendo justicia por la memoria de las y los que fueron ilegalmente detenidas/os, torturadas/os, violadas/os, ultrajadas/os, asesinadas/os, cuyos hijas/os fueron robadas/os, y por las/os que aún no se sabe dónde están.

Un juicio histórico que sentó en el banquillo de los acusados a 28 represores señalados como partícipes primarios de estos delitos cometidos contra 110 víctimas, 52 de las cuales aún se encuentran desaparecidas.

Entre los acusados, cuatro ex magistrados: Luis Francisco Miret, Otilio Roque Romano, Max Petra Recabarren y Evaristo Carrizo, imputados por omisión de investigar y denunciar los hechos a los que tomaron conocimiento al ejercer su rol como funcionarios públicos. Todos ellos, junto a otros 8 ex militares y ex policías fueron condenados a cadena perpetua; otros 16 recibieron penas que va desde los 3 a los 22 años de prisión. Otros tres resultaron absueltos.

Un fallo histórico con antecedentes que rompen el período de tiempo que implicó el procesamiento propiamente dicho, empezando por el inagotable pedido de justicia de los organismos, la destitución de Miret tanto como juez y docente; la fuga y posterior extradición de Romano, entre otros hechos. Un fallo histórico además, porque sienta precedente en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad al condenar la responsabilidad de los ex funcionarios del Poder Judicial que operaron funcionalmente con el aparato represivo militar del 75 al 83.

Un fallo reparador anunciado por el TOF N°1 integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, quienes dieron lugar al pedido de la fiscalía formada por Dante Vega y Patricia Santoni; los querellantes entre los que se encontraban Pablo Salinas y Viviana Beigel por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, y Fernando Peñalosa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a todo el equipo que acompañó con el compromiso y la responsabilidad de estar a la altura de un hecho histórico.

En nombre de cada una de las víctimas se oyó la sentencia que estremeció hasta las estructuras más inamovibles, incluso aquellas que intentaron dilatar por todos los medios posibles que se llegara a ese momento, utilizando estrategias por demás viles como la violencia y el ninguneo, modos de los que jamás pudieron desprenderse quizás por ese origen de clase pretendidamente intocable, semidioses -según ellos – a cuyos pies se debiera rendir pleitesía.

Sin dudas el 26 de julio para muchas personas contiene un valor histórico medular. Y el vivido recientemente en Mendoza inscribe una insignia indiscutida al enmarcar cada una las condenas en la órbita de crímenes de lesa humanidad y en el contexto del delito internacional del genocidio.

Cerca de tres años y medio duró el proceso… y en su transcurso hubo avances, retrocesos, incertidumbres… pero también hubo acontecimientos que iluminaron y reavivaron las esperanzas: la recuperación de 22 nietas y nietos. Entre ellos Guido y Claudia,  nieto y nieta de nuestras queridas Estela y María, abuela y madre del pueblo. Por aquel entonces Mariú Carrera – una de las tantas valientes voces que brindaron testimonio- lanzó una frase que se transformó en presagio; justo en agosto, pero del 2014, ella dijo: “Quien lucha por la verdad, un día encontrará Justicia”.  Se puede decir que el pasado 26 de julio encontraron un poco de esa justicia quienes desde hace más de 40 años le recuerdan al mundo que a ese pasado no se vuelve, nunca más.

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