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DERECHO A LA COMUNICACIÓN… LEY QUE NACIÓ VULNERADA

Por Analía Millán

(Fuente: Nota realizada por Darío Figueroa a Martín Becerra, comunicador y docente de la UBA, Universidad de Quilmes, y Universidad de Barcelona)

Cuando asumió Mauricio Macri  tomó rápidamente el control de las políticas de medios y comunicación, mediante decretos, creó una autoridad hipergubernalizada, dejando sin efecto a la AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), que era un ente autónomo del Gobierno de turno.  Cabe destacar que estas maniobras contradicen los estándares del sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por supuesto está en las antípodas de una tradición republicana, ya que supedita temas de regulación de la libertad de expresión al presidente de la República.

Las decisiones presidenciales, a puro decreto, han promovido y estimulado la ya alta concentración mediática que existía. Ejemplo de ello es que ya no hay límites a las licencias de tv por cable, mercado en el que el mayor operador es Cablevisión (del Grupo Clarín). También prorrogó por decreto todas las licencias audiovisuales de radio y televisión vigentes, con lo cual obtura la posibilidad de que se hagan concursos abiertos y públicos, para poder renovar la esclerosada matriz mediática. Así se cierra el juego a la posibilidad de obtener licencias por parte de organizaciones sin fines de lucro y también a otras asociaciones con fines de lucro, que no están teniendo participación actualmente.

Además este gobierno ha promovido otras normas muy curiosas, como “refarming”, que es una redistribución de frecuencias especialmente diseñada para Nextel, que es la apuesta del Grupo Clarín en telefonía móvil. El Gobierno fue muy solícito ya que favoreció la fusión entre Telecom y Cablevisión, esta es la mayor concentración de la historia, dando lugar a un nuevo conglomerado cuya dirección estará a cargo del Grupo Clarín. Clarín es el mayor grupo concentrado, pero no es el único. El problema es la concentración, no el nombre del dueño. El problema es que el Estado favorezca estas acciones, que generan ganancias millonarias a costa de un derecho humano, como es la comunicación.

Otra de las medidas ha sido el sacar el Fútbol Para Todos, abriendo el juego a un nuevo sistema de comercialización del fútbol. FOX y TURNER hacen un negociado redondo ya que benefician a los grandes operadores de cable, cobrando el acceso a ver el fútbol, mediante cable o tv satelital. Esta acción viola la ley de competencia, y la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Frente a estas avanzadas contra el derecho a la comunicación… ¿Por qué la sociedad sale a defender las políticas de derechos humanos, y no con la misma vehemencia los derechos a la comunicación y la cultura? “Una de las razones, es que en Argentina el acceso a la comunicación es parte de una agenda más reciente, encarnada en las organizaciones, y luego en la política. En materia de derechos humanos, en cambio, ya hay un largo recorrido, de décadas, de la sociedad toda.

Las políticas del kirchnerismo promovieron un debate y sanción de una Ley, pero una vez que fue sancionada, le quitó legitimidad social ya que la aplicación no fue en su totalidad, y se concentró en una lucha contra el Grupo Clarín, dejando pasar otros conglomerados. Pero así y todo, son derechos nuevos que la sociedad en general aún no ve como parte los problemas de su vida cotidiana, de las problemáticas para llegar a fin de mes.

Una de las premisas básicas fue el 33 % del sector radiofónico para organizaciones sociales, y eso no se cumple y no se cumplió, dejando en situación muy precaria e informal a los medios comunitarios, como es La Mosquitera. Becerra da palabras claras al respecto: “desde el 2009 el kirchnerismo no cumplió con la promesa del estado de dar licencias al tercer sector, no se institucionalizó a las radios comunitarias”.

Así viene a los ponchazos la Ley de Medios, con una letra de vanguardia, reconocida a nivel mundial, pero que no ha podido hacerse carne en la vida diaria de las y los ciudadanos. Así viene, con la grandeza de ser voz de miles, pero sin tener el camino allanado. Es una ley mejorable, pero sobre todo debería, para empezar, aplicarse. Porque los gobiernos sí advierten la importancia que tiene en la vida cotidiana, en el desarrollo de la cultura, la educación y la diversidad de los pueblos. Quizás sea momento de entender por qué el estado debe ser parte de la organización de un sistema de medios que sea sobre todo, garante de derechos.

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