El gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, presentó un proyecto de modificación a la Ley 8284. La reforma de la ley que da cuerpo al Comité Contra la Tortura, apunta a reducir la participación de las organizaciones sociales.
Durante La Diaria entrevistamos vía comunicación telefónica a Ana Sosino, integrante del Comité Contra la Tortura. El mismo se encarga de garantizar los derechos a quienes se encuentren en contexto de encierro, agregó “somos un grupo de personas que han sido propuestas por organizaciones sociales y que estamos encargadas de controlar los espacios de privación de libertad.” La ley que ampara al Comité está siendo amenazada por una maniobra del oficialismo provincial, Sosino explicó “desde el comité de prevención de la tortura venimos repudiando la iniciativa del gobierno mendocino en presentar un proyecto de ley en la legislatura de modificación a la ley 8284.”
El comité de prevención de la tortura inspecciona las comisarias para ver las condiciones y el trato que reciben las personas privadas de libertad, si la reforma se lleva a cabo su accionar se vería sumamente reducido. Sosino expresó “de ser 12 miembros pasaríamos a ser uno solo, el que debiera conformar el comité de prevención de la tortura. Es decir un representante de las organizaciones sociales y los demás miembros pertenecerían al poder ejecutivo.” Además comentó “es decir todas personas que no son afines a las organizaciones y que justamente son objeto del control.” Por ello aclaró “justamente es el Ministerio quien rige la política en las comisarías quien pretende modificar esto. Consideramos que no es casual y que tiene que ver con un retroceso de derechos.”
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