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FAMILIAS CAMPESINAS DE TUNUYÁN LUCHAN POR SUS TIERRAS

En un nuevo intento de desalojo, las familias resisten haciendo valer su derecho ante la Suprema Corte de Justicia.

Hoy  familias campesinas de Tunuyán se presentarán a una audiencia en la Suprema Corte de Justicia en el marco de la lucha que vienen llevando por la tierra donde hace casi 30 años viven y trabajan.

Estas familias campesinas vienen recorriendo un largo camino en la justicia, siempre estando abiertas a todo tipo de diálogo, habiendo asistido a todas las instancias a las que las han convocado. Esperan que finalmente se resuelva su situación y la de todas las personas que luchan por su tierra,  reconocidas por la ONU en su Declaración de Derechos de los campesinos y campesinas aprobada por la Asamblea General en diciembre pasado.

Emilia José, integrante de una de las familias campesinas de Tunuyán amenazadas expresó: “Pedimos una suspensión de la venta de las tierras en las que vivimos 9 familias hace más de 30 años” y agregó tomaron conocimiento de esta situación a través de los medios hace un año atrás. “Empezamos a tratar de frenar esta licitación primero intentando juntar el dinero necesario para presentarnos como oferentes las familias campesinas que vivimos de la tierra, lamentablemente no estamos al alcance para competir con los otros oferentes que son empresarios y que se dedican a otras cosas y tienen otros fin sobre estas tierras diferente al nuestro”.

La defensa de las familias plantea el derecho inalienable a la Tierra y las obligaciones de los Estados en realizar Reformas Agrarias para garantizar el acceso y la permanencia en la tierra a las familias campesinas.

“Hace aproximadamente hace 30 años que vivimos aquí, que producimos la tierra, diferentes generaciones que vivimos de esto, es nuestra principal fuente de ingreso. Y además hemos reunido todo lo que nos permite probar que somos poseedoras de esta tierra y que por lo tanto nos pertenece. Tenemos muchos proyectos ante diversas instituciones, ordenamiento territorial, trabajos productivos, y todo lo que hace a las personas que viven en un lugar. Hemos presentado todas estas pruebas, así y todo no se nos hizo caso y tuvimos llegar a esta situación. Para  las familias que estamos acá la tierra es nuestra principal fuente de ingreso. Es lo que necesitamos para poder vivir”, dijo Emilia y remarcó: “La mayor parte de los que vivimos aquí es la única manera que conocemos de auto sustentarnos y si nos sacan es muy difícil remontar otra situación teniendo en cuenta la situación económica a nivel provincial y nacional. Se nos complica pensar una vida por fuera de esto”.

En diciembre del año pasado la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (DAABO) avanzó con la venta de tierras fiscales en Tunuyán, a pesar de que familias campesinas organizadas en la Asociación Arroyo Creciente llevan años con expedientes de regularización. Además de avasallar sus derechos posesorios, las intentan desalojar y el proceso de venta no es transparente, beneficiando a un oferente determinado de antemano.

Sobre esto, Emilia comentó:También hemos sufrido durante el mes de enero que uno de los oferentes, Gabriel Porcel,  ha ingresado a nuestra finca de una manera violenta. Somos violentados por el Estado que intenta vender la finca a través de la DABBOO como también por parte de estos oferentes que se meten adueñándose de algo que no les pertenece”.

A la espera de una respuesta favorable a las familias que habitan las más de 26 hectáreas, Emilia manifestó: “Esperamos que hoy salga todo bien y que se suspenda esta venta. Se nos ha reconocido como familias  poseedoras pero quieren darle la titularidad a este hombre. Hemos presentado todas las pruebas y hecho todos los caminos legales correspondientes para regularizar esta situación y que se reconozca nuestro derecho”.

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