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LA JUSTICIA REPARADORA, SEXTO JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN MENDOZA

Por Sofía D´Andrea

Muy pronto se conocerá la sentencia en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza. Llega a su fin el debate que aborda la responsabilidad de militares y policías por secuestros, torturas, desaparición y muerte de casi ochenta personas. Entre ellas, el Profesor Mauricio López, y los sonados casos de Susana Bermejillo, Mario Susso y Amadeo Sánchez Andía, acaecidos en 1975.

Este juicio se inició el 27 de octubre de 2016, cuando todavía se desarrollaba aquel que condenó a los jueces cómplices del terrorismo de estado: Romano, Miret, Petra y Carrizo, por eso, pasó casi desapercibido. Sin embargo, ha empezado a develar el rol que tuvo la Fuerza Aérea en la represión, así como las características del Centro Clandestino de Detención Campo Las Lajas donde se lo vio con vida, por última vez al Profesor Mauricio López.

Además, once miembros de la represión clandestina que nunca fueron juzgados, llegaron hasta el estrado. Entre ellos ex general Luciano Benjamín Menéndez el máximo responsable de lo acaecido en las provincias del centro, cuyo y el noroeste argentino. Lamentablemente murió en febrero de este año y no recibirá sentencia, aunque recogió 12 condenas a prisión perpetua por los crímenes cometidos a lo largo del país

Los acusados fueron inicialmente 23 pero en el curso del juicio fallecieron 3; de modo que quienes responderán por sus crímenes serán Paulino Furió, Carlos Ledesma, Dardo Migno y Ramon Puebla, pertenecientes al Ejército. Los miembros de la Fuerza Aérea: Juan Carlos Santamaría, Armando Carelli, Alcides Francisca y Mario Laporta. Por la Policía Federal son juzgados: José Luis Mirotta y Marcelo León. Finalmente comparecen Carlos Rico y Carlos Luciani de la Policía de Mendoza, junto a los miembros del D2: Armando Fernández, Ricardo Miranda, Carlos Álvarez, Miguel Salinas, Miguel A Tello, Diego Morales, Pablo Gutiérrez y Roberto Usinger.

Casos memorables

En agosto de 1975, apareció en Canota, el cuerpo sin vida de Zenón Amadeo Sánchez Andía, estudiante peruano de la Escuela de Comunicación Colectiva de Mendoza.  Había sido fusilado por la patota de la Policía Federal; la misma que en abril del 76 cometió el asesinato de Víctor Romano Rivamar. Más de 40 años después se están juzgando estos horribles hechos, que en su momento conmovieron a la opinión pública.

Los mismos no prescribieron por tratarse de delitos de lesa humanidad enmarcados en las desapariciones forzadas de 30.000 personas, acaecida meses antes del Golpe del 24 de marzo de 1976 y durante la Dictadura Militar.  Hoy sabemos que se trató de un genocidio y gracias a estos juicios, los responsables que aún están vivos, son sometidos a la Justicia con el mismo código penal utilizado en la actualidad y con las garantías que ofrece el derecho a defensa, previsto para toda la ciudadanía.

También, en este juicio se abordan los secuestros y homicidios de Susana Bermejillo y Mario Susso, arrebatados de sus respectivos hogares, días antes del Golpe Militar, y encontrados en las proximidades del zanjón de los Ciruelos. Hechos que también sorprendieron a la sociedad, como visible advertencia del riesgo que significaba la pertenencia a corrientes políticas que cuestionaban lo establecido.

Mauricio López resuena en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo. Este académico y religioso, que también había sido rector de la Universidad de San Luis, fue secuestrado y desaparecido en el Año Nuevo de 1977, después de una reunión familiar. Durante largas décadas no hubo pistas sobre él. Recién en el 2004, un sobreviviente del Campo Clandestino de Detención Las Lajas, Oscar Ferraris, testimonió su encuentro con el Profesor López, quien se le presentó, y con quien pudo conversar. Esta declaración permitió dar los primeros pasos para desentrañar la participación de la Fuerza Aérea en la represión ilegal. El testigo también relató lo sucedido con otras cuatro víctimas de desaparición forzada: Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín y su padre Carlos Marín, así como Ramón Fernández. También con ellos compartió las vicisitudes de su cautiverio.

Nuevas Causas

Asimismo, se reseñaron hechos nunca tratados, como lo sucedido en el Casino de Suboficiales, ubicado en el predio del Ejército que queda sobre la Avda. Boulogne Sur Mer. Allí funcionó un Centro Clandestino que alojó solo a mujeres. 16 sobrevivientes, dieron lugar a una causa por sus detenciones ilegales, torturas y ataques sexuales. Las responsabilidades por estos delitos recaen en el Ejército en articulación con la Fuerza Aérea.

Por otro lado, en esta instancia se ventiló que la Compañía de Telecomunicaciones 141 “Campo los Andes” del Ejercito, ubicada de Tunuyán, fue adaptada como CCD para 8 detenidos que fueron sacados de la Penitenciaría, presumiblemente, en calidad de rehenes. Los delitos cometidos se le atribuyen a quien era la máxima autoridad del Ejército, Luciano B. Menéndez, quien falleció en febrero de este año.

Otra vez el D2

El Departamento 2 de la Policía de Mendoza -D2-, hoy Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, fue un Centro Clandestino de Detención donde se cometieron atrocidades. Desde 2010 se vienen juzgando a los jefes y agentes encargados de la represión política, que se desempeñaron en esa dependencia.

En éste juicio, por primera vez, se aborda la persecución contra delegados sindicales de la Bancaria. Una seguidilla de detenciones que buscaba acabar con la democracia sindical instalada mediante las Comisiones Gremiales Internas de los bancos estatales.

También, el Partido Comunista sufrió una razzia de la patota del D2 que dejó en prisión a militantes de esa corriente, contenidos en un expediente específico.

En un tramo del debate se retomó la Causa Rabanal que trata la detención y tortura de miembros cercanos a Montoneros, detenidos en el D2.  Dos de ellos fueron asesinados en la tortura: Miguel Ángel Gil falleció en el D2, y Marcos Ibáñez en la cárcel de La Plata. En el operativo de traslado de las víctimas estuvo implicado el Comisario Carlos Rico, para quien la fiscalía pidió 18 años de prisión.

Asimismo, fue analizada la feroz embestida contra el PRT-ERP, verificada en mayo de 1976; en este caso para revisar lo sucedido con el desaparecido, Jorge Daniel Moyano, quien fue escuchado y visto en un calabozo del D2 por más de un sobreviviente.

Finalmente, el contenido de este sexto juicio se completa con varios expedientes individuales o agrupados por dos o tres víctimas. En este marco, ocupó un espacio la desaparición forzada de Olga Roncelli de Saieg, Profesora de la Escuela del Magisterio, cuyo destino se desconoce.

Violencia contra las Mujeres

Este 6to. Juicio fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Dante Vega y su equipo, así como por las querellas del MEDH y de la Secretaría de DDHH de la Nación, encargados de la acusación y de aportar las pruebas disponibles.

En la etapa de alegatos, tanto el fiscal ad hoc, Daniel Rodríguez Infante como la abogada Viviana Beigel del MEDH visibilizaron la particular situación de las mujeres durante el terrorismo de Estado.

El intento de disciplinamiento de las detenidas, por salirse de los roles tradicionales, implicó un castigo diferenciado.  Las militantes políticas, en tanto pretendían la transformación social y se salían del estereotipo de mujer obediente   -pretendido por los militares- eran consideradas doblemente peligrosas. La desnudez forzada, el manoseo y en muchos casos, la violación fueron las formas más perversas para mancillar su dignidad y someterlas. Además, violentaron el concepto de maternidad, utilizaron los y las hijas para extorsionarlas. Sin embargo, ellas dieron muestras de gran resistencia y solidaridad.

Por ese motivo, la fiscalía y querella pidieron que en la Sentencia quede explicitada las distintas formas de violencia contra las mujeres desplegada por el aparato represivo contra las víctimas de este juicio.

Etapa de Alegatos

Durante los alegatos -instancia final del juicio-, acusadores y defensores presentan los fundamentos y pruebas en los que sustentan sus posiciones.

Primero lo hizo la Fiscalía y pidieron penas para los acusados, que van desde 8 años a prisión perpetua, según la gravedad de los delitos. Esto mereció la adhesión del abogado Fernando Peñaloza de la Secretaría de DDHH.

Por su parte, Pablo Salinas del MEDH, hizo un apasionado alegato a favor de las víctimas para demostrar el pleno conocimiento del “plan criminal” que tenían los procesados, su respaldo y participación, desde distintos roles.

La ronda se completó con las exposiciones del Defensor Oficial de los procesados, Leonardo Pérez Videla y del abogado Carlos Benavidez.

El Tribunal, encargado de dictar sentencia está presidido por Juez Daniel Cisneros, acompañado por la jueza de San Luis, Gretel Diamante, y Alejandro Piña, quien presidió el anterior juicio. Como juez suplente: Raúl Fourcade.

Al final del camino, a la espera de un fallo justo, el Tribunal tiene la última palabra.

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