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LA “JUSTICIA” VUELVE A LA CARGA CONTRA LA TUPAC AMARU

La Corte Suprema de la Nación habiilitó a la justicia mendocina a investigar el posible fraude al Estado provincial a cargo de la organización Tupac Amaru. Alfredo Guevara, representante legal de la Tupac Amaru en Mendoza, estuvo en comunicación telefónica con El Arranque, programa radial que va de lunes a viernes de 7 a 9 por la 88.1, FM La Mosquitera.

Se enteraron este domingo por el Diario Los Andes, siendo tapa del día de mayor tirada. La recusación y vuelta al tapete mediático y judicial ponen en foco nuevamente sobre esta organización social y política que encabeza Milagro Sala a nivel nacional, y en la provincia tiene como referente a Nélida Rojas.

Guevara explica que para que haya “defraudación al Estado” debería haber un faltante de lo que este mismo le asignara a la organización; en este caso no hay faltantes porque todo está puesto en los barrios, en las casas que fueron levantadas mediante esta forma conjunta de financiación entre las esferas del estado nacional, provincial, municipal y la Tupac Amaru.

“No hay un hecho concreto que habilite la causa. En el 2016 meten presa a Milagro Sala. Al poco tiempo Margarita Stolbizer hace una denuncia que fue levantada mediáticamente por Jorge Lanata, y que llegó a la Justicia Federal de Mendoza, la cual investigó los hechos denunciados (apropiación de fondos públicos y obligar a la gente a ir a las manifestaciones). La Justicia Federal llegó a la conclusión de que no hay nada, que no había motivo para iniciar ninguna causa”.

Sin embargo parece haber un profundo interés de los Gobiernos Nacional y Provincial, en que se siga persiguiendo a la Tupac Amaru. De esta forma, volverá a ser investigada la misma causa, ahora en manos de la Justicia Mendocina: “Pretendían hacerse cargo de estas causas. Y al igual que en Jujuy, para que sea la justicia jujeña, para que sea Morales, y acá Cornejo, quienes los que lleven adelante la persecución ilegal contra la Tupac Amaru.”

El abogado defensor de la Tupac da un giro a la movida mediática y explica por qué esto es una persecución política: “Entonces… si la administración pública te está dando un dinero para ejecutar una obra, y vos no la ejecutás, o la ejecutás mal, o te enriquecés con ese dinero, estás haciendo un delito. Si hubiera habido fraude al estado, también habría delito de diversa índole por parte de los organismos de contralor: los responsables del municipio que firmaron los certificados de avance de obra, los responsables técnicos del IPV, el Intendente, el Secretario de Vivienda, hasta el Gobernador, de la actual y de la anterior gestión. Todos deberían estar imputados en este caso. Si sólo se imputa a una de las partes queda muy claro que es una persecución política”.

 

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