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MENOS- MÁS: EDUCACIÓN SUPERIOR

Estudiantes y trabajadores de la educación superior provincial enfrentan la Caja de Pandora

Por Patrick Boulet

Mendoza tiene 27 institutos de educación superior de gestión pública (en adelante IES). En ellos estudian más de 30.000 estudiantes y se desempeñan aproximadamente 2500 trabajadores de la educación.

Por su distribución geográfica, la presencia de carreras más cortas y con menor exigencia meritocrática que las universidades nacionales (exámenes de ingreso, horarios, relación docente-estudiantes), concurren a los IES sectores sociales de menos ingresos en relación con las universidades de gestión pública y privada. En estos institutos se forman la gran mayoría de las maestras iniciales y primarias de Mendoza así como una parte importante de profesores del secundario y técnicos en industria, administración, artes y comercio.

El impacto comunitario y el sentido de pertenencia de les estudiantes de los institutos es muy diferente que en el ámbito universitario, la relación con autoridades y docentes es mucho más cercana y la flexibilidad y acompañamiento ante diferentes situaciones económicas y culturales más acentuada que la mayoría de las facultades.

Menos para todes

El 2018 fue un año especialmente conflictivo debido a la sanción, no consensuada, por parte del gobierno provincial, del decreto 530/18 y sus sucesivas normas reglamentarias, entre las que se destaca la resolución 2010 del Director General de Escuelas y la resolución 1 y 2 (sobre carreras prioritarias) de la recientemente creada Coordinación General de Educación Superior  (CGES en adelante)

Este nuevo corpus reglamentario se ubica en el marco de un proyecto ideológico producido por los técnicos del Banco Mundial y otros organismos de educación privada internacionales que proponen una educación superior mucho más pequeña, co – gestionada por empresas, de fuerte tono meritocrático y que se ocupe exclusivamente de aquellas áreas que el mercado necesita, actualizando las antiguas teorías del capital humano, desarrolladas en el norte mundial en la década del 60 del siglo pasado. Las mencionadas teorías, de claro enfoque economicista, ven a la educación formal en términos de rentabilidad monetaria, recomendando a los gobiernos desestimar aquellas ofertas que según el mercado no generaran dineros en el corto plazo.

En esta línea de mercantilización y reducción de la educación superior provincial se ubica el proyecto de UNICABA, creación de una universidad centralizada cerrando los institutos distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires así como institutos y carreras en diferentes provincias argentinas.

En nuestra provincia el decreto 530/18, reduce la autonomía de los institutos y de sus órganos colegiados de gobierno- de tipo cuatripartito con presencia de estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo-. El decreto concentra en la CGES las decisiones básicas de cualquier institución educativa superior: apertura y cierre de carreras, elección del gobierno institucional, ingreso de los estudiantes, ingreso y permanencia de los docentes y las sanciones disciplinarias de los trabajadores. Hoy, entre otras cosas, se discute la relocalización de carreras completas con estudiantes y docentes adentro, medida claramente violatoria a los derechos de ambos.

Vale decir que la mayoría de estas funciones eran desempeñadas anteriormente por los consejos directivos cuatripartitos, siempre ad-referéndum de la Dirección General de Escuelas.

La redacción y sanción del nuevo marco regulatorio se realizó en soledad por parte de los funcionarios del gobierno escolar, que no escucharon las diferentes demandas que estudiantes y trabajadores de los IES venían realizando en toda la provincia, desde el año 2017.

Más resistencias

En este marco de concentración de poder, marginación intencional de las/los sujetas/os de la decisión colectiva y decisiones arbitrarias, se generaron múltiples resistencias durante todo el año, con asambleas de estudiantes y trabajadoras, marchas masivas en defensa de la educación superior pública, el no cierre de carreras, defensa de la oferta educativa, de los derechos laborales de los docentes y por el respeto de los derechos estudiantiles.

El gobierno reaccionó con amenazas plasmadas en resoluciones que prohíben el derecho a reunión y protesta y negociaciones individuales con las autoridades de los institutos. La protesta de los claustros moderó sensiblemente los intentos de reducir la oferta y también de tomar exámenes de ingreso eliminatorios en el año 2018. El problema es que el decreto 530/18 (hoy con un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial) habilita a las autoridades de la DGE a llevar adelante todo lo mencionado y que lo hagan o no dependerá de la resistencia de las comunidades, más que de la buena voluntad de futuros gobiernos.

Es imposible olvidar que los IES se encuentran en un contexto de empobrecimiento general de los sectores populares y de transferencia de ingresos hacia el capital financiero concentrado. Hecho agravado por la discontinuidad de las becas y el agregado para acceder a ellas de reglas excluyentes de parte del gobierno nacional, más la absoluta ausencia de una política en ese sentido por parte del gobierno provincial.

Al mismo tiempo el gobierno apuesta a un rol ejemplificador propio de las ideas del siglo XIX. Castigar a algunes pocos para asustar a la mayoría, cuestión que la peste de la rebelión no se extienda. Todo esto posibilitado por la sanción del Código Contravencional, una legislación de las más represivas de los últimos 50 años.

Para nosotros, acierta el Indio Solari cuando dice “el futuro ya llegó”, las políticas mercantiles y excluyentes de hoy anticipan el camino de corto plazo. Menos autonomía, menos participación, menos oferta, menos profesores, menos estudiantes.

Del otro lado de la calle apostamos a más y lo intentamos con más derechos y más resistencia.

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