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PANORAMA DE LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN MENDOZA

Por Colectivo Juicios Mendoza

La sentencia del Sexto Juicio

El 20 de septiembre, el Tribunal Oral Federal Nº 1 dictó sentencia en la megacausa iniciada en octubre de 2016. Por 11 causas se condenó a 19 imputados, cinco de ellos a prisión perpetua, y se absolvió a un ex comisario.

Entre las definiciones generales, el tribunal consideró los hechos juzgados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio y a las personas afectadas como  víctimas del terrorismo de Estado, incluyendo a las y los menores. También se dictaminó que el trato particular  recibido por las mujeres se encuadra en la figura de violencia de género.

En otra declaración relevante, el campo Las Lajas, dependiente de la Fuerza Aérea, fue señalado como Centro Clandestino de Detención (CCD). Por la desaparición de Mauricio López, visto por última vez en este CCD, el vicecomodoro Carlos Santamaría recibió la pena de prisión perpetua. Lamentablemente, debido al apartamiento de Paulino Furió, quedaron sin responsables penales las desapariciones de Osvaldo Zuin, Juan Fernández, María del Carmen y Carlos  Marín, también conducidos/as a Las Lajas.

Cuatro ejecuciones tuvieron un veredicto distinto a lo esperado. Los asesinatos de Susana Bermejillo y Mario Susso, verificados cuatro días antes del Golpe del ’76, quedaron sin responsable: el único imputado, Armando Fernández (ex agente de inteligencia del D2), fue absuelto por esta causa aunque condenado por distintos hechos a una pena de 20 años. Además, por las ejecuciones de Amadeo Sánchez Andía (junio de 1975) y de Víctor Romano Rivamar (abril del ’76), absolvieron a José Luis Mirotta y Marcelo León de la Policía Federal, pero fueron condenados a la pena de 4 años y 6 meses por el delito de asociación ilícita.

Algo similar sucedió con Carlos Rico, ex Secretario de Seguridad de la provincia. El juicio retomó la Causa Rabanal que aborda la detención y tortura de miembros cercanos a Montoneros en febrero de 1976. El comisario había sido acusado de custodiar y trasladar a los/as detenidos/as, pero  fue absuelto. Sin embargo, recibió la condena de 4 años y 6 meses por el delito de asociación ilícita, tiempo menor al cumplido en prisión preventiva luego de darse a la fuga en 2012.

Distintos miembros del ejército recibieron condenas por los hechos de la Compañía de Comunicaciones y el Casino de Suboficiales (donde fueron detenidas y torturadas dieciséis mujeres), dependientes la VIII Brigada de Montaña.

Por último, se responsabilizó a ex agentes del D2 por delitos cometidos en el mayor CCD de la provincia. Entre ellos, la embestida contra el PRT-ERP de mayo de 1976 que dio por  resultado la desaparición forzada de Daniel Moyano y las detenciones y tormentos de otras seis personas. Por esta causa fueron condenados a prisión perpetua Pablo Gutiérrez y Diego Morales. También por el D2, Alcides  Francisca y Ricardo Miranda recibieron la condena de prisión perpetua por la desaparición de Olga Roncelli. Además, fueron condenados por primera vez Roberto Usinger (14 años), Miguel Ángel Salinas (5 años)  y Carlos  Álvarez (5 años).

Desde las escalinatas de Tribunales Federales, la lectura de la sentencia fue seguida por miembros de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y medios comunitarios, entre ellos La Mosquitera.

Comenzó el debate por la apropiación de Claudia Domínguez Castro, Nieta 117.

El pasado jueves 11 de octubre se dió inicio al debate oral y público por la apropiación de Claudia Domínguez Castro. La joven es hija del matrimonio integrado por Walter Domínguez y Gladys Castro, víctimas de un procedimiento contra el Partido Comunista Marxista Leninista. La pareja fue aprehendida el 9 de diciembre de 1977, cuando ella cursaba un embarazo de seis meses, y aún continúan desaparecidos/as. Claudia recuperó su identidad en 2015, convirtiéndose en el segundo caso de restitución de identidad de Mendoza.

Los imputados en esta causa son tres: el militar Segundo H. Carabajal, y el matrimonio Bozzo-Reitano, que la registró indebidamente como hija biológica. Carabajal fue miembro del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, dependencia estratégica en el plan desarrollado por el Terrorismo de Estado y es el mayor responsable de los delitos de retención y ocultamiento de una menor, falsificación de identidad y de documentos públicos.

La próxima audiencia, abierta al público, el viernes 26 de octubre a las 9hs en Tribunales Federales.

 

 

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