Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista elaboró proyectos que impulsan la derogación de acuerdos firmados durante los gobiernos de Menem y Macri, favorables a los intereses británicos. Las nuevas normativas destacan el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales del suelo que habita.
El constitucionalista Eduardo Barcesat recomendó a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, modificar de forma profunda el proyecto de Ley de Malvinas que contempla la derogación de los acuerdos favorables a los intereses británicos conocidos como Madrid (I y II) y Foradori Duncan. De la misma manera, aconsejó al gobernador Alfredo Cornejo adoptar una normativa similar para preservar las riquezas y recursos naturales de la provincia.
El abogado elaboró proyectos, uno de los cuales ya cuenta con directiva municipal adoptada por Río grande, y los otros se encuentran a consideración de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.
“El primero estable que el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no serán puestos en garantía para el pago de ninguna deuda contraída por el gobierno nacional”, explicó Barcesat destacando lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional (CN) que otorga a las provincias el dominio originario sobre los bienes, recursos y riquezas naturales existentes en el territorio. “Ahora se espera que la Legislatura provincial de Tierra del Fuego adopten de inmediato esta resolución legislativa para evitar el saqueo de las riquezas de las plataformas submarinas de mar territorial argentino. No se le puede dejar al próximo gobierno una herencia tan pensada, es indispensable que nuestra institucionalidad sea repuesta antes del cambio de gobierno”.
En este sentido, las propuestas presentadas impulsan la derogación de los acuerdo de Madrid (I y II) firmados durante la presidencia de Menem, para restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras rotas con el Reino Unido de Gran Bretaña desde la guerra de 1982. En ese entonces, sin darle tratamiento parlamentario, Menem entregó a los ingleses, un área marítima entorno a las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, para que extraigan y vendan el recurso pesquero, hagan exploración petrolera y lo controlen científica y militarmente.
Mientras que el acuerdo Foradori Duncan, firmado en 2016 por Mauricio Macri, le negó la participación al Congreso, argumentando que se trata de un comunicado conjunto cuyo estatus jurídico es el de un pacto diplomático, que le genera obligaciones a la Nación.
“Ninguno de los tres convenios fue sometido a la aprobación del Congreso de la Nación y han entrado en operatividad; En consecuencia el proyecto que he elaborado deshecha estos tratados y en los dos proyectos se invoca el deber de obediencia a la supremacía de la CN y se invocan los pactos internacionales de Naciones Unidades sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y para darle énfasis a la normativa que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales del país que habita”, expresó Barcesat y recomendó: “Podrían impulsar esto en Mendoza, que también tiene una enorme cantidad de riquezas y recursos naturales; que su Legislatura adopte una iniciativa similar – sea el gobierno que esté-, pero esto va a preservar el futuro de todos los argentinos. Así que le formulo desde esta radio, un llamado al gobernador Cornejo para que adopte – antes de la transición- una disposición legisferante provincial de igual naturaleza. El pueblo de Mendoza se lo merece”.