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Foto: lamalafe.lat

REPUDIO ANTE LA DENUNCIA REALIZADA POR SECTORES ANTIDERECHO DE TUCUMÁN

Contra los profesionales que practicaron la cesárea a la niña de 11 años violada. Desde la Red de profesionales se organizan para frenar la avanzada de estos sectores que arremeten con derechos ya conquistados.

El pasado viernes 8 de marzo, sectores ProVida de la provincia de Tucumán denunciaron por presunto homicidio a los médicos que practicaron la cesárea a la nena de 11 años violada. La denuncia penal contra los profesionales José Gigena y Cecilia Ousset se presentó luego de que la beba muriera tras la operación. Ambos profesionales están siendo hostigados por lo que fue un claro caso de aborto no punible.

“El protocolo de aborto no punible de la Nación no está implementado en Tucumán, hay otro protocolo para casos de abuso infantil que lo habilita pero el nacional no está vigente”, expresó Lorena Córdoba, integrante de la Red de Profesionales, y agregó que durante el 2018 se realizaron 20 interrupciones legales en Tucumán que registra 168 nacimientos en niñas menores de 14 años.

“La lucha por la legalización del aborto empezó a generar un hecho reaccionario de los sectores anti – derechos en contra de conquistas alcanzadas, por ejemplo, la provincia no adhirió al Programa de Salud Sexual y Reproducción Responsable, tiene resistencias en la aplicación de la ESI. Es decir, veníamos de un contexto hostil y se fue agravando”, remarcó Lorena y agregó: “Todos los poderes del Estado de Tucumán han mostrado su posición de avanzada contra los derechos ya conquistado, pero en este caso claramente también hay una situación de disciplinamiento social”.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, Lorena analizó: “Mediáticamente es como una guerra porque la disputa es muy fuerte. Hay organizaciones sociales, feministas, docentes, periodistas muy organizados por un lado pero por el otro hay un poder patriarcal hegemónico que no sólo es del gobierno y que dirige los medios masivos de comunicación”.

“Y han sucedido cosas que consideramos grabes como la divulgación de datos médicos de la niña, su nombre y el de la familia, el tratamiento de los medios hacen hincapié en las causas de la violación, y aspectos que siguen responsabilizando a las mujeres de las violencias que recibimos ante un Estado totalmente ausente y sin políticas públicas para abordar el abuso infantil”, comentó Lorena sobre el contexto en que se radica la encabezada por reconocidos sectores antiderechos.

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