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SI SE MODIFICA LA LEY 7722 ¿PELIGRA EL AGUA PURA?

En pleno debate social por la presentación de un proyecto de ley modificatorio de la 7722, desde La Mosquitera buscamos las posturas antagónicas de por qué sí, o por qué no tocar esta ley, tan sensible para nuestra provincia. Lo que se pone en juego es la protección del agua mendocina, a cambio de posibles inversiones que traigan trabajo para superar la crisis económica.

Alejandro Abraham, Senador Provincial por Unidad Ciudadana, nos decía los siguiente en relación al Proyecto presentado para modificar la Ley 7722, custodiada por la sociedad mendocina desde su conquista, para el cuidado de los bienes comunes de todas y todos los mendocinos:

“Lo primero que he tenido en cuenta es la situación en la que está la provincia, cuál es el futuro… sobre la base de que es alarmante el índice de pobreza, 27%: 500 mil mendocinos por debajo de la línea de pobreza, y lo más grave es que la mayoría son niños, subalimentados, con problemas de crecimiento Y desarrollo cognitivo, los marca para toda la vida. En base a la situación socioeconómica que estamos atravesando a esto es que hemos pensado en generar riquezas para la provincia, y trabajo para nuestra gente. Por ello la idea de activar la actividad minera, teniendo presente la consigna de que puede ser una salida laboral para muchos mendocinos, y que el estado mendocino pueda destinar esa riqueza para los objetivos que hemos fijado en la ley”.

Frente a los cuestionamientos sobre las retenciones, Abraham defiende su postura explicando que, si bien es “raro” el sistema de retención de $4 por dólar exportado y que puede quedar rápidamente desactualizado, hay otras cargas de retención para las arcas nacionales como el IVA y el impuesto a las ganancias. El legislador especifica que en el caso de Mendoza las mineras tienen que tributar regalías, no sobre lo que declaran en boca de mina, sino sobre lo facturado, que es más cercano a la realidad. “Además hemos puesto un sobre tasa del 1,5% para finalidad específicas: para mejoramiento de los entornos urbanos cercanos a los establecimientos mineros, y la inversión para obras de mejoramiento y distribución de riego y agua potable”.

En relación a los ya conocidos problemas de contaminación que trae aparejada la explotación minera, Abraham propone un triple control por parte del Poder Ejecutivo, como poder de policía que tiene en la materia, creando una “policía ambiental minera” que fiscalice el trabajo ambiental de las mineras; el segundo control sería una comisión bicameral en la Legislatura que deba presentar informes anuales. “El tercero y más importante, porque no puede ser vulnerable es una red social de control ambiental, en la cual las organizaciones ambientalistas y otras ONGs participen del control, con una partida presupuestaria específica para llevar a cabo esta tarea con eficacia”. 

“Es una forma de complementar la Ley 7722, que no preveía controles específicos sobre la actividad minera. En el Proyecto de ley que se presentará en el Senado Provincial se mantiene la prohibición de sustancias como el ácido sulfúrico, el mercurio y el cianuro, hemos sacado ‘y otras sustancias’, porque cuando se hacen prohibiciones no pueden quedar abiertas pero también queremos escuchar propuestas de qué otras sustancias específicas se deben prohibir para agregar al proyecto”

Por su parte, y defendiendo la no modificación de la Ley 7722, Sergio Onofrio de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza, nos explicaba que:

“Desde que salió la Ley 7722, cada tanto nos llegan algunos atentados a esta ley que es la ley del pueblo, como la denominamos. Primero fue con los 11 pedidos de inconstitucionalidad que hicieron las mineras, que finalmente, hace tres años la Suprema Corte de Justicia dio la constitucionalidad. ¿Por qué quieren atentar contra esta ley, en una provincia como la nuestra, que pasamos meses sin que llueva, donde hace años estamos en crisis hídrica? ¿Por qué insisten en utilizar esa enorme cantidad de agua para una sola actividad, o para una sola empresa? Y… porque hay mucha plata de por medio: vale más la rentabilidad que puede hacer una producción de oro o de cobre, que alimentar a las poblaciones, la agricultura, la ganadería y otras actividades más”.

El razonamiento que quienes defienden el uso diversificado, equitativo y en cuidado con el ambiente es que se puede vivir sin oro, pero no sin agua. Este tema ha movilizado históricamente a nuestra población. Onofrio considera que el poder político no escucha las demandas sociales porque considera que las mineras fueron parte de la subvención de las campañas políticas, como en el caso de Paco Pérez, ex gobernador de Mendoza, quien estuvo en los estudios previos que realizó la Minera San Jorge. “Ese es el fondo de todo el debate. La sociedad nos apoya porque es un conflicto socioambiental, de querer imponer la minería a cielo abierto”.

Un caso emblemático es en la vecina provincia de San Juan, en Jáchal. “Es impresionante la cantidad de derrames de cianuro que hubo, cómo está el agua, cómo le cambiaron el marco productivo. Jáchal no vivía de la Barrick (Barrick Gold multinacional minera), era una zona que tenía molinos harineros, tenía plantación de cebolla, tenía un montón de actividades. Y de repente, todo eso desapareció, se quedaron sin agua. Y silenciosamente cuando quisieron acordar tenían otra matriz productiva. Vienen, se instalan y como el Caballo de Troya, una vez instalados, empiezan a bajar y nos empiezan a destruir. Por suerte los pueblos reaccionamos”.

Por otro lado, desde la Asamblea plantean que no confían en este Estado porque no controla. Ejemplo de ello es  Sierra Pintada que trajeron desde Córdoba cerca de 5 mil barriles de uranio enriquecido; está prohibido llevar uranio de una provincia a otra. “Sin embargo, lo dejaron a cielo abierto. Y luego de dos audiencias públicas suspendidas, y por la movilización y la crítica de los pueblos del sur de la provincia se logró frenar esa realidad. Y es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si el propio Estado, con las empresas del Estado no puede garantizar el cuidado del agua y del medio ambiente, ¿qué van a garantizar las empresas privadas, que no son de acá, no viven acá, no tienen parientes acá? Es por eso, que ellos en sus propios informes empezaron a plantear ‘zonas de sacrificio’, y no estamos dispuestos a eso”.

Onofrio explica porqué él cree que ni si quiera es verdad que la razón para la modificación sea la posibilidad de que se abran plazas laborales, ya que considera que en realidad la mayoría de la veces, por la calificación no contratan gente de acá. Para instalarse estas empresas sí necesitan mano de obra, pero luego no es tanta la gente que necesitan para el funcionamiento. Ejemplo de ello, es VALE, o RÍO TINTO. Formalmente estas empresas tenían planificado al contratación de 500 personas, pero en los medios de comunicación se hablaba de miles de contratados. La preocupación es que sigan insistiendo, y la única razón es que “billetera mata cualquier cuestión social o ambiental”, por eso no le creen ni a Abraham, ni al Gobierno que busca cómo “convencer al pueblo para que acepte la minería. Hay una falsa ilusión de que la minería nos va a sacar de la crisis”.

Se pone en debate el rol de los medios hegemónicos de comunicación, que están al servicio de quien pone la pauta. Justamente la voz de las Asambleas Populares es tergiversada por los grandes medios. Así son los medios comunitarios quienes sí cuentan lo que sucede en relación a estos y otros temas, que los poderes hegemónicos ocultan, callan o tergiversan para que la verdad no se de a conocer.

“Por suerte nuestros pueblos resistimos. Resistimos a la mega minería, al fracking que es como la mega minería pero con la extracción de hidrocarburos, a los agrotóxicos… hay muchas cosas que contaminan, y ocultan que esas producciones nos matan”

Escuchen las voces, y saquen sus conclusiones…

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