En la provincia ha surgido una nueva organización que busca dar pelea frente al abuso que sufren los consumidores a diario. La ONG Consumidores Mendocinos nace a raíz de los sucesivos tarifazos en los servicios y busca canalizar una respuesta colectiva a la indignación que produce esta situación a miles de usuarios.
Desde 5 Pal Peso conversamos con su presidenta Gisela Lamberty, quien se refirió a los inicios de este espacio conformado luego de la participación de las audiencias públicas el pasado 20 de junio del corriente año.
“Hoy tenemos un estado provincial y nacional que nos ha dejado desprotegidos…un estado que se corrió y que se puso de un lado del mostrador, del lado de las grandes empresas que concentran los distintos sectores de gas, electricidad, combustibles; y que defiende y tutela sus interese sus ganancias y no el bolsillo de millones de argentinos”.
En cuanto a los aumentos de los servicios públicos desde la ONG manifiestan que no hay motivos que justifiquen los aumentos, aseguran que en las audiencias públicas nunca se ha demostrado la razonabilidad de los aumentos.
“No están los números de las empresas que justifiquen el precio que están poniendo” afirmaba Gisela Lamberty y agregaba un ejemplo de esto en lo vivido con el transporte público en la provincia “Participamos de la audiencia publica del transporte aquí en Mendoza, fue bochornoso la manera que se habían tocado los números, eran aproximadamente 20 empresas que presentaron su balances y estructuras de costos; y todas presentaron las mismas facturas”
En relación al rol del consumidor en la defensa de sus derechos, desde la ONG perciben un “consumidor resignado” frente al abandono del estado y el abuso constante de las empresas. Por otro lado desde Consumidores Mendocinos ponen de relieve el concepto de “Pobre Energético”, que tiene que ver con la dificultad que tienen los hogares para acceder al uso de la energía.
A continuación te invitamos a escuchar a la entrevista completa que aporta una mirada interesante sobre el rol del estado, con funcionarios de gobierno involucrados en conflictos de intereses.