El 17 de setiembre se reunió el Consejo Provincial de Educación y en esa instancia, el director general de Escuelas, José Thomas, presentó el borrador de una nueva ley de Educación. Su plan era hacer un Congreso Pedagógico virtual del 14 al 18 de octubre en el que recogerían las sugerencias del sector docente. Luego, ese borrador sería tratado por la Bicameral de Educación, una comisión legislativa que tenía 90 días para modificarlo, y tratarlo luego en el recinto.
El 21 de setiembre, el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) salió a pedir que la reforma no se tratara este año por la pandemia y solicitó, una vez más, el inmediato llamado a paritarias salarial y no salarial. Es que el Gobierno no abre esa instancia desde el año pasado poniendo como excusa la pandemia. Los/as trabajadores/as de la educación no reciben aumento salarial desde diciembre del año pasado y a esto hay que sumarle que las maestras han sostenido durante todo el año el sistema educativo con sus teléfonos celulares y el pago de internet de sus bolsillos. En tanto que, SADOP (Sindicato de Docentes Privados) se unió al reclamo del SUTE.
El borrador también empezó a tener fuertes cuestionamientos. Se trataba de un proyecto que atentaba contra la estabilidad de los cargos docentes, no garantizaba la educación artística en las escuelas ni tampoco la Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa apuntaba a una educación bimodal, pese a la brecha digital existente hoy en la provincia.
El 22 y el 23 de setiembre el Gobierno dispuso jornadas en las escuelas. El SUTE pidió que las jornadas se convirtieran en asambleas de las que salió un NO rotundo al borrador por parte de 1.000 escuelas (el 100 por ciento). El jueves 24 el Gobernador presentó el pre Congreso y no hubo posibilidades de participación por parte de las docentes. Mientras tanto, ese mismo día y el siguiente, hubo plenarios departamentales que votaron caravanazos para la semana entrante.
Cada vez más sectores sociales comenzaron a sumarse al reclamo. Esa situación tuvo una repercusión directa en la Legislatura que es quien debía aprobar la ley. El peronismo que había acordado la reforma con el oficialismo (consensuando la presidencia de la Bicameral de Educación en manos de la diputada justicialista Silvia Stocco) comenzó poco a poco a quitar apoyo. Primero lo hizo el presidente del partido, Guillermo Carmona, luego de un zoom con dirigentes de esa fuerza. Luego el diputado camporista Lucas Ilardo hizo público que su sector tampoco apoyaría al Gobierno. Pero además, en la Cámara Baja se sumaron al no, tres integrantes del interbloque de Cambia Mendoza: los diputados Jorge Difonso y Mauricio Torres (Frente Renovador)y la diputada demócrata Mercedes Llano. Con ese panorama, el oficialismo quedó al límite de no tener los números para que la iniciativa se convirtiera en ley.
El viernes 25 recorrió la ciudad de San Rafael un caravanazo de muchos kilómetros. El sábado 26 se sumaron los departamentos del Este que se unieron con la misma modalidad por las calles de San Martín. El lunes 28 un plenario general del SUTE y una asamblea de SADOP avalaron lo que se venía: los masivos caravanazos del martes 29 y el miércoles 30 que fueron el detonante para que la reforma se cayera.
Al mediodía del martes, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que el Congreso que estaba previsto para octubre pasaba a noviembre. Ese intento no tuvo eco en las calles. Desde el parque Central hasta la Casa de Gobierno partió una caravana inmensa de autos de docentes y comunidad en general que pedía sin cesar el NO a la reforma. La misma imagen se replicó el miércoles. Autos, bicicletas, familias enteras, pidieron que el Gobierno bajara el proyecto.
El viernes 1 de octubre, por la mañana temprano, la Dirección General de Escuelas colgó en su página un nuevo borrador de la reforma con la inclusión de varias modificaciones. Ese mismo día, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uncuyo comunicó su rechazo. También lo hicieron varias inspecciones de la DGE. Las voces en contra cada vez eran más y se anticipaba para por próximos días ,el rechazo unánime de la UNCUYO. Esa tarde, el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez y la secretaria general de SADOP, Ester Lonco se juntaron por zoom con legisladores/as y les pidieron que se manifestaran en contra del proyecto de Thomas.
El diario Los Andes del domingo 4 de octubre trajo la novedad. El gobernador eligió al matutino centenario y al único que tiene edición impresa para anunciar que la discusión de la reforma sería el año próximo. Como con el intento oficialista de voltear la ley 7722 (antiminera), otra vez el pueblo fue soberano.
