El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.
Dialogamos desde El arranque con Alexis Barraza, abogado laboralista, Asesor de ATE Nacional y nos explicó que: “hay que decir que el decreto es simplemente la homologación de un convenio colectivo, que han firmado en el ámbito de la negociación colectiva del empleo público nacional”. En este caso el gobierno acordó con los sindicatos del sector UPCN, que votó a favor; ATE votó en disidencia, pero al ser minoría, el decreto quedó homologado.
Desde el ATE Nacional van a impulsar un recurso administrativo pidiendo la nulidad del convenio. Barraza explica que “creemos que afecta dos principios fundamentales: negocia sobre lo que es la estructura orgánica del Estado, en definitiva estaría dando estabilidad en cargos en que por ahí depende de la necesidad del cumplimiento de la carrera administrativa ya ahora lo daría de carácter más político. El otro argumentó que “afecta la carrera administrativa a todos los que tenían una carrera determinada y ahora a los cargos superiores no se puede acceder por la secuencia misma de la carrera administrativa”.
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