La referenta del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, Mónica Bascuñán, advirtió sobre el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la paralización en la entrega de pensiones y la ausencia de políticas públicas construidas con participación de las personas con discapacidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad cumplió un año desde su aprobación sin que gran parte de sus disposiciones se traduzcan en respuestas concretas para quienes más las necesitan. Así lo expresó Mónica Bascuñán, integrante del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, quien denunció que la norma “existe en los papeles, pero no en la vida cotidiana de miles de personas”, mientras continúan paralizadas políticas esenciales para garantizar una vida digna.
Durante la entrevista, Bascuñán explicó que uno de los principales incumplimientos es la falta de otorgamiento de pensiones por discapacidad. Según indicó, existen más de 227.000 expedientes que cumplen con todos los requisitos administrativos, pero permanecen sin resolución.
Esta situación afecta directamente el acceso a tratamientos, rehabilitación, transporte y otros apoyos indispensables para estudiar, trabajar y participar plenamente de la vida social.
“El ajuste impacta directamente en nuestros cuerpos”, sostuvo, al remarcar que hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos.
La referente también cuestionó la ausencia de políticas públicas con perspectiva en discapacidad y la escasa participación del colectivo en los espacios donde se toman decisiones. Señaló que la falta de representación política impide avanzar en soluciones concretas y reclamó que legisladores y funcionarios asuman la responsabilidad de intervenir para garantizar el cumplimiento de los derechos ya reconocidos por la legislación vigente y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Frente a las numerosas consultas que recibe el Observatorio, Bascuñán recordó que las personas que tengan iniciado el trámite de una pensión pueden solicitar la revisión de su expediente en ANSES y, si la documentación está completa, exigir un pronto despacho para luego recurrir a la Defensoría de las Personas con Discapacidad o promover un recurso de amparo. Sin embargo, advirtió que estos caminos también encuentran múltiples obstáculos para quienes ya atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, convocó a fortalecer la organización colectiva y a incorporar una verdadera perspectiva de discapacidad en las políticas públicas, entendiendo que la accesibilidad, los apoyos y las prestaciones no constituyen privilegios sino condiciones indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos. Además, recordó que el Observatorio de Discapacidad de Mendoza brinda acompañamiento, asesoramiento y capacitaciones para instituciones y organizaciones interesadas en promover una mirada inclusiva.
Escuchá la entrevista completa y conocé en profundidad el análisis de Mónica Bascuñán sobre la situación que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad y los desafíos pendientes para que los derechos conquistados se conviertan en políticas efectivas.
