El pasado martes se presentó una acción judicial de amparo colectivo contra la ley 9.588 que ratificó 34 proyectos mineros dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental. Esto se debe a las importantes incongruencias que se han encontrado en la evaluación de impacto ambiental que presentada.
Dialogamos con Eduardo Sosa para interiorizarnos sobre este tema y comentó: “Junto a la Fundación Cullunche y Jennifer Ibarra presentamos un amparo colectivo en la justicia local y estamos pidiendo que se anule la ley 9588 que es la que ratificó los 34 proyectos mineros.Está basado en que todo el procedimiento de evaluación está lleno de vicios administrativos, violaciones de leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
A pesar de que los 34 proyectos presentados fueron aprobados en el Senado, las organizaciones ambientalistas no dejan de promulgar su derogación. Al respecto Sosa enfatizó: “Estamos tras la impugnación de esa ley y que se haga un procedimiento de evaluación de impacto ambiental nuevo con todas las incorporaciones y todo lo que le falta y cumpliendo todas las leyes que éste ha violado”, a lo que añadió: “No se han escuchado las voces ni de los científicos, ni de los mismos funcionarios públicos, ni de la ciudadanía; toda esa información está basada en tres estudios de impacto ambiental que no fueron hechos específicos para esto”.
Para finalizar, Eduardo Sosa destacó la importancia de contar con el apoyo de la gente para ganar esta batalla y reconoció no estar en contra de la minería, sino del impacto no controlado que genera en el medio ambiente.
“En un contexto donde la justicia actúa bajo tanta presión y en algunos casos completamente oficialistas, lo importante es la acción ciudadana. No es que estamos en contra de la minería, es necesaria, pero hay que ver la forma y con qué elementos se extrae ese mineral y qué impacto tiene, eso es lo importante”, destacó.