El ex fiscal federal Gustavo Gómez visitó Mendoza para participar de una serie de charlas y talleres sobre defensa del ambiente, acceso a la información pública y criminalización de la protesta social. Durante su paso por la provincia, advirtió sobre la falta de causas penales por delitos ambientales, el rol clave de la ciudadanía y los límites de las herramientas judiciales tradicionales frente al avance de actividades contaminantes.
Gómez, con amplia trayectoria en investigaciones por crímenes ambientales en distintas provincias del país, sostuvo que la defensa del ambiente debe pensarse como un proceso en tres etapas: el acceso a la información pública, la denuncia penal por delitos ambientales y, finalmente, la preparación frente a posibles procesos de criminalización de la protesta.
Acceso a la información y denuncias penales
Según explicó, el primer paso para cualquier acción ciudadana es solicitar información al Estado sobre actividades potencialmente contaminantes, amparados en los tratados internacionales vigentes. “El ciudadano tiene derecho a conocer qué se está autorizando, qué estudios se presentan y qué omisiones o contradicciones existen en esos documentos”, afirmó.
En ese sentido, Gómez remarcó que muchas de esas inconsistencias pueden constituir delitos penales, previstos en el Código Penal, y que las denuncias penales y las querellas resultan herramientas más eficaces que los recursos de amparo. “En una causa penal no se pagan costas, se puede ofrecer prueba libremente y se accede a instancias internacionales. En el amparo, en cambio, el peso probatorio y económico recae sobre el ciudadano”, señaló.
El rol activo del ciudadano
Uno de los ejes centrales de sus exposiciones fue la necesidad de recuperar el protagonismo ciudadano en la justicia, sin delegar exclusivamente en abogados o dirigentes políticos. Gómez insistió en que cualquier persona puede realizar una denuncia penal, incluso sin patrocinio letrado, y cuestionó la falta de iniciativas judiciales en Mendoza frente a situaciones de contaminación ambiental concretas.
“La justicia es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los abogados”, afirmó, y agregó que la participación suele activarse más frente a problemas cotidianos —como la contaminación por ladrilleras o líquidos cloacales— que frente a debates abstractos o lejanos para la vida diaria.
Criminalización de la protesta y libertad de expresión
El exfiscal también alertó sobre el avance de la criminalización de la protesta social y de los defensores ambientales, un fenómeno que, según indicó, se repite en distintos países y gobiernos. En ese marco, anunció la presentación de un proyecto de ley anti-SLAPP, destinado a evitar demandas judiciales y presiones económicas utilizadas para silenciar a activistas y medios de comunicación.
Asimismo, subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las manifestaciones, y no de perseguir o reprimir a quienes ejercen su derecho a la protesta. En ese punto, recomendó capacitar a la ciudadanía en herramientas como el habeas corpus preventivo, especialmente ante detenciones arbitrarias.
Medios de comunicación y conciencia social
Gómez fue crítico del rol de los grandes medios, a los que acusó de responder a intereses económicos vinculados a actividades contaminantes. “Hoy se gana dinero contaminando, y por eso muchas veces la información no llega al ciudadano”, afirmó, y destacó la importancia de los medios comunitarios como espacios para visibilizar los conflictos ambientales.
Próximas actividades
Durante su visita, el exfiscal participó de encuentros con organizaciones sociales, profesionales y legisladores, y anunció nuevas charlas abiertas en distintos puntos de la provincia antes de continuar su recorrido por otras localidades del país.
Finalmente, llamó a construir una justicia democrática directa, basada en la acción individual y responsable de los ciudadanos. “Tenemos derechos, pero también la obligación de ejercerlos. No podemos seguir delegando lo que nos corresponde como sociedad”, concluyó.
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