Desde la Fundación Alameda entregaron al juez Casanello nuevas denuncias de aportantes truchos para las campañas de Cambiemos, y denunciaron a las fundaciones PRO usadas para la recaudación ilegal.
En contacto con La Diaria, Tamara Rosemberg –integrante de la Fundación Alameda- explicó que estas presentaciones se sostienen a pesar de los numerosos intentos de algunos jueces por desactivar las causas vinculadas a robo de dinero.
“Le proporcionamos al juez – Casanello – una lista con 75 casos más de personas que quieren dar testimonio, y cada vez empiezan a aparecer más datos que claramente muestran que se usó dinero del Estado para financiar las campañas de Cambiemos tanto a nivel nacional como en provincias”, expresó Tamara en relación a las denuncias que día tras días en una aplicación donde es posible chequear si uno/una figura como aportante en 2015 y 2017.
Aquí el link: https://public.tableau.com/views/Aportes/Aportes?:showVizHome=no
“Hasta ahora hemos detectado un millón cuatrocientos mil pesos que proviene de diferentes aportantes, pero también tenemos calculado más de 8 millones que proviene de aportes que figuran de empleados públicos, lo cual es mucho más grave”, expresa Tamara y explica: “De toda la campaña, encontramos que casi un poco más de la mitad fue hecha por personal del Estado, y en muchos casos figura que esos aportes se realizaron en tres días y en efectivo, lo cual hace más burda la situación. También lo que aparece es que las fundaciones que responden a distintos funcionarios del PRO tampoco fueron auditadas como corresponde, dado que mueven millones de pesos sin justificar”.
“Cuando empezamos a entrecruzar datos, vemos que aparecen aportes de empleados de empresas que son contratistas del Estado – que por ley no podrían aportar- donde sus empleados figuran como aportantes”.
“Nosotros ya hemos presentado la tercera ampliación y esto de seguir alimentando la causa lo que puede llegar permitir es llegar a alguna verdad, muchas personas están citadas a declarar, muchas de las que declararon ya se comprobó que sus identidades fueron robadas, las causas siguen avanzando a pesar del gobierno y gracias a que las personas se comprometieron a seguir aportando datos, y nosotros y también estamos comprometidos en lograr que haya justicia”, afirmó Tamara y agregó: “Seguimos investigando en diferentes dependencias del Estado y corroborando el listado de personas que figuran como contratadas y aparecen como aportantes, más allá de las que se presentaron por motus propio; Además presentamos una nota para que se investigue a la directora de la IGJ para dar cuenta de si investigó estas fundaciones vinculadas al gobierno por esos movimientos extraños de dinero”.