Frente a una convocatoria oficial que excluye y amedrenta, la comunidad organizada responde con participación real y legítima. El próximo 2 de agosto en la Villa de Uspallata, vecinos, asambleas y organizaciones de toda la provincia se reunirán en una audiencia pública autoconvocada para debatir el proyecto megaminero San Jorge y rechazar el montaje institucional que busca validar, sin consenso, la explotación de oro y cobre en plena cordillera.
La audiencia oficial, impulsada por el gobierno provincial, fue organizada en un lugar inaccesible, en terrenos de la propia empresa minera. Esto no sólo viola el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional, sino que refleja un modelo extractivista que avanza a espaldas del pueblo, sin consulta ni consentimiento, afectando ecosistemas vitales y poniendo en riesgo el agua de más de la mitad del territorio provincial. Ante esto, las organizaciones sociales, asambleas y militantes ambientales impulsan un espacio verdaderamente abierto y popular, donde todos puedan expresarse, sin exclusiones ni intimidaciones.
Milca Vargas, escritora, jubilada y militante ambiental, remarcó que la autoconvocatoria es una respuesta al avance extractivista y a la represión estatal: en Uspallata, activistas como Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron detenidos por participar en marchas pacíficas, mientras se intenta acallar con presencia policial cualquier expresión de disenso, incluso la proyección del documental HAM, que narra la histórica resistencia popular del 2019.
Te invitamos a escuchas la nota con Milca en el aire de La Mosquitera:
Para garantizar la participación se organiza un caravanazo desde todos los departamentos, y la Asamblea por Necesidad y Urgencia está organizando un Gran locro solidario con “guiso caliente, música y solidaridad como la ternura de los pueblos” en La Casita Colectiva (Patricias Mendocinas 827 de San José, Mendoza) destinado a recaudar fondos para sostener la movilización.
Te invitamos a escuchas la nota con Marta López, de la Asamblea Socio Ambiental de Guaymallén, en el aire de La Mosquitera:
La lucha contra la megaminería no es solo ambiental: es también una defensa del derecho colectivo a decidir sobre los bienes comunes, el territorio y la vida. Frente al saqueo y la contaminación, la organización comunitaria se erige como garantía de democracia real, memoria activa y justicia socioambiental.
