La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve a poner en el centro una pregunta fundamental: ¿qué sociedad queremos construir para nuestras infancias y adolescencias?
Desde el 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país un nuevo régimen que modifica el abordaje penal de adolescentes y establece la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. En Mendoza, además, avanza el debate legislativo sobre su aplicación provincial.
En el programa En Colectivo, la conversación reunió en el estudio a Ulises Jiménez, abogado y docente, y telefónicamente a Ana Sosino, trabajadora social e integrante del espacio No a la Baja Mendoza.
Ambos coincidieron en señalar que el debate no puede reducirse a una discusión sobre penas, delitos o procedimientos judiciales: el centro debe estar puesto en los derechos de niños, niñas y adolescentes y no pueden ser abordadas exclusivamente desde la lógica del castigo.
Una reforma que incorpora retrocesos
Ulises Jiménez explicó que Argentina tenía una deuda histórica en materia de legislación penal juvenil. El régimen anterior estaba basado en una normativa de la última dictadura y debía ser reemplazado para adecuarse a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los tratados internacionales incorporados con rango constitucional.
Sin embargo, señaló que una reforma necesaria terminó incorporando elementos regresivos, particularmente la reducción de la edad de punibilidad. Para el abogado, bajar de 16 a 14 años implica estigmatizar a las juventudes y construir la figura de un “enemigo interno”, presentando a los adolescentes como responsables de una problemática social mucho más compleja.
“La pena, el encarcelamiento, no va a ser una solución, sino que va a ser una venganza.” — Ulises Jiménez
El especialista también cuestionó la idea de que el encarcelamiento funcione como herramienta de prevención. Durante la entrevista señaló que las estadísticas citadas por organismos internacionales no muestran que la privación de libertad reduzca el delito y advirtió sobre los daños que puede provocar el encierro en una persona que todavía está en desarrollo.
El nuevo régimen plantea convertir derechos fundamentales en obligaciones asociadas a la pena. Estudiar, hacer deporte, acceder a atención psicológica o conseguir un empleo registrado aparecen como medidas que pueden imponerse dentro del régimen.
“Lo que son considerados derechos, acá se lo imponen como pena.” — Ulises Jiménez
Para el abogado, la educación, la salud y el acompañamiento no deberían ser herramientas de castigo, sino derechos garantizados por el Estado, tanto para quienes están en libertad como para quienes atraviesan un proceso judicial. Remarcó que los adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que los afectan. Sin embargo, cuestionó que quienes serán directamente alcanzados por la normativa no hayan sido convocados a discutirla.
Desde los territorios: “La pregunta es qué derechos no se están garantizando”
Ana Sosino aportó a la conversación la mirada de quienes trabajan cotidianamente en los barrios y comunidades. Como integrante de No a la Baja Mendoza, explicó que el espacio viene resistiendo políticas que consideran que la judicialización y el encarcelamiento de las infancias no resuelven las problemáticas sociales, sino que pueden profundizarlas.
Desde su perspectiva, el debate no debería quedar encerrado en la discusión sobre la edad de imputabilidad. Es necesario mirar las condiciones de vida de las adolescencias y las múltiples vulneraciones que atraviesan: pobreza, falta de acceso a derechos, violencia, consumos problemáticos, dificultades de salud mental y ausencia de políticas públicas suficientes.
“No se está discutiendo la adolescencia, se está discutiendo la pena.” — Ana Sosino
La trabajadora social también advirtió sobre el avance de un aparato punitivo mientras otras problemáticas que afectan a las juventudes permanecen relegadas. Entre ellas mencionó el crecimiento de las apuestas virtuales y otras situaciones que requieren prevención, acompañamiento y políticas públicas.
Mendoza: entre el castigo y las políticas de protección
La situación provincial ocupó un lugar importante en la conversación. Ulises Jiménez cuestionó que se proyecte infraestructura para profundizar la respuesta carcelaria, mientras las escuelas y comunidades enfrentan falta de recursos para garantizar derechos básicos.
En la entrevista se puso sobre la mesa una contradicción: mientras se habla de obligar a estudiar a jóvenes privados de libertad, existen escuelas donde docentes relatan que estudiantes llegan con hambre y donde faltan recursos materiales, infraestructura y espacios de acompañamiento.
Para los entrevistados, las políticas destinadas a las adolescencias deberían comenzar mucho antes de que intervenga el sistema penal: más educación, salud, alimentación, participación comunitaria, prevención y acompañamiento, y no solamente más policías, cámaras, cárceles y mecanismos de control.
Escuchar a las adolescencias y garantizar sus derechos
Ana Sosino planteó la necesidad de fortalecer los espacios institucionales de participación y protección de las infancias en Mendoza. Entre las propuestas mencionó activar la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Legislatura, crear un Consejo de Niñez con participación de centros de estudiantes, organizaciones, trabajadores y sectores educativos, y avanzar urgentemente en una Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Nuestra provincia tiene una deuda histórica con las infancias.” — Ana Sosino
La participación juvenil aparece así como una herramienta fundamental. No se trata de considerar a los adolescentes como adultos, sino de reconocerlos como sujetos de derechos capaces de opinar, participar, organizarse y reclamar por aquello que los afecta.
Las escuelas, los centros de estudiantes, los clubes y los barrios son espacios donde las adolescencias ya participan y construyen respuestas colectivas. El desafío es que el Estado y los adultos acompañen esas experiencias en lugar de reemplazarlas exclusivamente por mecanismos de control.
¿Qué respuesta queremos construir?
La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil no puede reducirse a la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido al sistema penal. Lo que está en juego es qué respuesta construye el Estado frente a las infancias y adolescencias: una respuesta basada en derechos, prevención, acompañamiento y participación, o una respuesta centrada en el castigo y el encierro
Ana y Ulises insisten en una discusión más profunda sobre las condiciones sociales, económicas, educativas y comunitarias que atraviesan las juventudes.
Porque garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes no significa negar los conflictos ni desconocer a las víctimas. Significa construir respuestas que contemplen las responsabilidades, las garantías, la reparación y, fundamentalmente, la condición de sujetos de derechos de quienes todavía están atravesando una etapa de desarrollo.
🎙️ Escuchá las voces de Ulises Jiménez y Ana Sosino para profundizar el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, la baja de la edad de punibilidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes:
