El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) sostiene una postura firme contra el avance del punitivismo que busca reducir la edad de imputabilidad a los 14 años en Argentina. Desde esta mirada, la iniciativa oficial no es una solución al delito, sino una estrategia para estigmatizar a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora.
Según el abogado Ulises Jiménez, integrante del organismo, se intenta “crear esta cortina de humo, creando una sensación de inseguridad y estigmatizando a nuestros pibes, diciendo que son peligrosos, cuando en realidad es totalmente al contrario”.
El enfoque del CeProDH destaca que la verdadera problemática reside en la exclusión sistémica que expulsa a niños y adolescentes de la escuela y del mercado laboral digno. En lugar de fortalecer políticas de cuidado y educación, el Estado responde con el aparato represivo ante una participación delictiva juvenil que las estadísticas oficiales sitúan en apenas un $0,1% para menores de 16 años. Al respecto, Jiménez advierte: “nuestros pibes no son los peligrosos. Son justamente quienes están en peligro y se encuentran amparados nada más y nada menos que por la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Finalmente, el organismo hace un llamado a defender los derechos sociales y la libertad de las infancias frente a discursos demagógicos que reciclan viejas leyes de patronato. El objetivo debe ser garantizar el acceso real a la salud, la vivienda y la cultura, y no la expansión de un sistema carcelario que solo profundiza la violencia institucional.
Esta lucha colectiva se presenta como una herramienta indispensable para frenar el disciplinamiento social y construir una sociedad donde la justicia no sea sinónimo de castigo para los hijos de los trabajadores.
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