Por: Agrupación “La 15 de julio”
A propósito del mes de julio, donde se cumplen 6 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y del reciente 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ, creemos necesario hacer un recorrido por las conquistas logradas en los últimos años, analizándolas desde los posicionamientos políticos del gobierno actual.
Es indiscutible que “la pesada herencia” nos dejó una serie de leyes tales como la ley de educación sexual integral del año 2006, la ley de matrimonio igualitario del año 2010, la ley de identidad de género del año 2012, la ley fertilización asistida del año 2013, entre otras, que ampliaron los derechos de las personas LGTBIQ, sacándonos de la situación de invisibilización y vulneración de la que históricamente hemos sido víctimas.
Estas conquistas se dieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, cuyo eje central fue un modelo de país basado en la participación de los sectores populares y vulnerados en la vida política, económica, social y cultural del país. Se alcanzó de este modo el llamado desarrollo con inclusión que tuvo su correlato en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, el momento político actual del país y la región, nos plantea un cambio de modelo que pone en riesgo los derechos adquiridos y que se traduce en un retroceso en los avances conseguidos para nuestro colectivo.
Desde el pasado diciembre se vienen aplicando medidas de ajuste y achicamiento estatal que han afectado negativamente a las instituciones y políticas públicas que avalaban las conquistas logradas. El Estado abandona así su responsabilidad en la promoción y protección de los derechos para reducirse a una herramienta del mercado.
En lo que respecta al colectivo LGTBIQ, lo mencionado anteriormente profundiza la fragmentación del mismo, incluyendo solamente a aquellas personas cuyas realidades socioeconómicas les permiten ser consumidoras en el mercado: gay blanco, clase media, y estéticamente acorde a los estereotipos dominantes, entre otras “cualidades”. El otro sector del colectivo, el que cuestiona y resiste las políticas macristas, denuncia la represión, desea otro tipo de participación política, con otros cuerpos o que no pertenece a ese estatus socio económico, es simplemente excluido e invisibilizado. A diferencia del modelo inclusivo de los últimos años, los Estados nacional y provincial del actual gobierno esconden detrás de un discurso amigable y simpático hacia la diversidad sexual, el difícil trasfondo por el cual atraviesan las personas con menores recursos.
Las banderas de colores lucen bien en las capitales gayfriendlys, pero un mejor homenaje sería que el gobierno se ocupara en garantizar el acceso al trabajo, a una salud sin discriminación, a la vivienda y el salario dignos y a una educación en donde nuestras identidades sexo-genéricas sean reconocidas sin prejuicios ni estigmas. Tal vez así podamos las lesbianas, las travas, los putos y los “raros” caminar, ir a bailar, al trabajo o a la cancha sin miedo a que nos maten.