En las calles de Mendoza, la organización vuelve a ser respuesta frente a una amenaza concreta: la posible derogación de la Ley Nacional de Barrios Populares N° 27.453, particularmente de su artículo 15, que suspendía los desalojos por diez años. La Mesa de Barrios Populares se movilizó para visibilizar una situación que, advierten, podría dejar a miles de familias sin techo.
“Lo que quieren hacer es derogar la ley 27.453, especialmente el artículo 15, que es el que nos protegía”, explicó Carina Ruiz, integrante de la Mesa mendocina. En palabras simples, eliminar ese artículo implica que las familias que hoy están amparadas por la ley podrían volver a enfrentar órdenes de desalojo. “Al sacarlo, ya tendrían derecho a desalojar a las familias que están en juicio, que se habían frenado justamente por esta ley”, señaló.
La preocupación no es abstracta. En Mendoza existen más de 360 barrios populares registrados (un número que ya quedó desactualizado frente al crecimiento sostenido de la pobreza y la imposibilidad de acceder a un alquiler). “Las familias crecen, los barrios crecen. Hijos, nietos, nuevas casitas en los mismos terrenos. Es la única forma de sobrevivir”, describió Ruiz.
Pero la amenaza del desalojo no llega sola. Viene acompañada de un escenario de abandono estatal: obras paralizadas, falta de servicios básicos y el desfinanciamiento de políticas públicas. “Ya estamos afectados. No hay plata para los barrios. Las obras quedaron a mitad de camino o directamente frenadas”, denunció.
Desde los territorios, las voces coinciden en que no se trata solo de viviendas, sino de vidas. Giovanna, vecina del barrio Valle Encantado en Luján de Cuyo, puso en palabras la realidad cotidiana: un barrio con más de 300 familias y alrededor de 700 niñas y niños, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo precario. “Nosotros queremos regularizar, pagar la tierra, pagar los servicios. Somos gente trabajadora. Pero no tenemos respuestas”, sostuvo.
Ese barrio, como tantos otros, logró frenar un desalojo en 2017 gracias a la ley que hoy está en riesgo. “Lo que nos protege es estar dentro del registro de barrios populares. Si eso se cae, quedamos totalmente desprotegidos”, advirtió.
A la precariedad se suma la violencia institucional. Según relataron, en algunos casos las intervenciones incluyen amenazas a las familias, incluso con la posibilidad de quitarles a sus hijos. “Van y amenazan con sacarte a los niños si no te vas. Es lo más doloroso”, denunció Carina.
Frente a este escenario, la respuesta es la organización. Asambleas en los barrios, movilizaciones y gestiones ante representantes políticos forman parte de las acciones en marcha. “Cuando tocan esta ley, salimos a la calle. Vamos a presentar notas, a exigir que no se apruebe esta derogación”, afirmó.
La lucha por el derecho a la tierra y a la vivienda digna vuelve a instalarse con fuerza, en un contexto donde la crisis económica empuja a cada vez más familias a los márgenes. Como señalan desde los barrios, no se trata de privilegios, sino de derechos básicos: un lugar donde vivir, criar y proyectar una vida.
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