El pasado 14 de abril, el Gobierno Nacional decidió liberar el cepo cambiario, poniendo fin a las restricciones que regían para la compra de moneda extranjera, principalmente dólares. La medida fue posible gracias al fortalecimiento de las reservas líquidas del Banco Central, en parte producto del acuerdo con el FMI.
Con este respaldo, el Banco Central quedó habilitado para intervenir en el mercado cuando la cotización traspase cualquier tope de la banda de flotación administrada que rige entre los $1000 y $1400 por dólar.
Hasta ahora, el cepo cambiario había funcionado como un freno a la caída de reservas. Sin él, el Gobierno se ve obligado a salir en busca de divisas con nuevas herramientas. Entre ellas, la baja temporal de retenciones (hasta junio), la obligación de los exportadores de liquidar divisas en un plazo acotado, y la emisión de un nuevo instrumento: el Bopreal, un bono del BCRA que podría absorber hasta un 10% de la base monetaria.
En el corto plazo, la estabilidad dependerá de la confianza en que el tipo de cambio actual es sostenible. Si esa expectativa se mantiene, el impacto sobre la inflación podría seguir contenido.
En paralelo, el Gobierno comenzó a enviar señales a la sociedad: hay que inyectar los dólares guardados en el sistema financiero. La consigna, aunque no explícita, es clara: “quien guarda dólares, pierde”. Con el dólar a la baja y tasas de interés al alza, los plazos fijos empiezan a verse más atractivos.
Pero la incertidumbre no desaparece. Los pequeños ahorristas dudan sobre si conviene vender los dólares del colchón. Lo mismo ocurre en el sector agroexportador, que evalúa si es rentable liquidar a un tipo de cambio que consideran bajo, con el riesgo de una nueva depreciación del peso y un rebrote inflacionario.
Las proyecciones privadas estiman que la inflación de abril se ubicará entre el 3,8% y el 5,0%, con un promedio del 4,2% mensual. El dato oficial será publicado por el INDEC a comienzos de mayo.