Se está organizando una tercera marcha contra el gatillo fácil y para pedir la no a la baja de la imputabilidad. Mendoza es una de las provincias con mayores casos de abuso de las fuerzas armadas en el país.
Desde El Arranque estamos en comunicación con Ana Sosino, Trabajadora Social. Ayer fue la primera reunión organizativa entre familiares y diversas organizaciones. La licenciada comentó “todavía seguimos en un proceso de tomas de decisiones.” “La mesa está conformada por múltiples organizaciones, por múltiples espacios comunitarios, barriales, movimientos sociales. Participa la universidad, las áreas de derechos humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Organismos de Derechos Humanos y sindicatos.” Concluyó.
El aumento de prácticas violentas de las fuerzas de seguridad ha crecido exponencialmente durante el aislamiento social y obligatorio. Sosino explicó que existe un “aumento exponencial de la violencia de las fuerzas de seguridad, así como también la presencia intimidatoria de la policía en los barrios populares.” Continuó agregando que “hacen mal uso de su autoridad y terminan en prácticas más ilegales y tortuosas hacia la poblaciones más vulneradas.”
El accionar de las fuerzas de seguridad, se encuentra bajo un marco de responsabilidad del gobierno de turno. La comunicadora explicó “la policía responde a decisiones políticas, que se dan en un marco ideológico. (…) Queremos visibilizar la responsabilidad política e ideológica de los tres poderes en nuestra provincia.” Además dijo “se ha visto que se ha reforzado durante el gobierno de Suárez lo que Cornejo, instaló con mayor fuerza este asco por así decirlo a determinado sectores, enviándole la policía inmediatamente.”
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