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Trabajadores y trabajadoras de la Universidad Nacional de Cuyo realizaron una nueva jornada de protesta en las puertas del DAMSU (Departamento de Asistencia Médico-Social Universitario), la obra social que presta servicios al personal docente y no docente de la institución. El reclamo se enmarca en una creciente crisis prestacional y de financiamiento que viene agravándose en los últimos meses.
Según explicó Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC (gremio base de la CONADU Histórica), la situación se ha vuelto crítica: “Hay compañeros que llegan con sus órdenes y no son atendidos, se les informa que los convenios con ciertos prestadores están caídos. Esto genera muchísima incertidumbre y angustia”.
Uno de los episodios más preocupantes fue el fallecimiento reciente de una trabajadora de la Facultad de Artes, cuya atención médica habría sido demorada por estas irregularidades. “No fue un caso aislado. Hay muchas personas que están viviendo dificultades similares. Cirugías suspendidas, tratamientos interrumpidos, falta de claridad sobre dónde se puede atender uno”, detalló Díez.
Desde el gremio señalan que los problemas no solo responden a la pérdida de poder adquisitivo durante la actual gestión nacional, sino también a decisiones administrativas dentro de la universidad. En particular, denuncian que la rectora Esther Sánchez y su equipo directivo decidieron aplicar “descuentos severos” al personal en huelga, en una política que, aseguran, vulnera el derecho constitucional a la protesta. “Es la única universidad del país que descuenta por hacer huelga. Ni siquiera otras casas de estudio que atraviesan situaciones económicas similares lo hacen”, remarcaron.
Además, se cuestiona el desequilibrio en los aportes a la obra social: mientras que en la mayoría de los sistemas la patronal contribuye con un 6% y los trabajadores con un 3%, en DAMSU esa relación estaría invertida. A esto se suman las consecuencias de la desregulación de precios de medicamentos, impulsada por el gobierno nacional, lo que encarece aún más el funcionamiento de las obras sociales.
En paralelo, las condiciones salariales del personal universitario también motivan un posible no inicio del próximo cuatrimestre. “Se está evaluando un paro total para agosto. No se puede sostener la educación superior con estos presupuestos”, advirtió Díez, en referencia al retraso en las negociaciones paritarias y la falta de actualización salarial.
Desde distintos sectores de la comunidad universitaria también se critica el destino de ciertos fondos dentro de la UNCUYO. Un caso emblemático es la construcción de un muro perimetral sobre la calle Champagnat, cuyo presupuesto original de 400 millones de pesos se duplicó a 800 millones. “Para eso sí hay dinero, pero no para garantizar la salud de los trabajadores”, expresaron.
Las denuncias se enmarcan en un clima de creciente malestar por la gestión de la universidad y su relación con el poder político provincial. Varios manifestantes apuntaron directamente al gobernador Alfredo Cornejo, a quien acusan de influir en las decisiones internas de la universidad. “Es una institución con enorme prestigio y capacidad de generar pensamiento crítico. Eso incomoda a ciertos sectores”, sostuvieron.
Finalmente, desde FADIUNC insisten en que tanto la salud como la educación deben ser protegidas como pilares del bienestar colectivo. “El trabajo docente no termina cuando se marca la tarjeta. Investigar, leer, formarse y enseñar con compromiso es lo que nos permite formar ciudadanos críticos y solidarios. Por eso defendemos nuestra universidad y nuestro derecho a la salud”.
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