Expresó el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, consultado por el intento presidencial de militarizar la seguridad interior.
Entrevista con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, sobre el decreto 683 firmado el pasado martes en el que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a participar en tareas de seguridad interior, algo que se encontraba prohibido desde el retorno a la democracia. “El decreto es francamente inconstitucional y hay tres disposiciones de la Constitución que se encuentran vulneradas por este malhadado decreto: el artículo 75 de la Constitución fija las atribuciones del Congreso de la Nación (CN) y establece en su inciso 27 que es competencia del mismo dictar las normas sobre organización y funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz y en tiempos de guerra. En lo que se refiere a las competencias del Ejecutivo Nacional, en el artículo 99 del inciso 2 cuando lo faculta a emitir disposiciones reglamentarias de las leyes de la nación dice claramente ‘cuidando de no alterar su espíritu’; y finalmente ese mismo artículo en el inciso tercero expresa con este textual que ‘ el poder ejecutivo nacional en ningún supuesto podrá emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable’…”, explica Barcesat y precisa con respecto al decreto firmado por el gobierno nacional: “Esta es una disposición legislativa sin ninguna duda porque modifica las hipótesis de conflicto y por lo tanto de organización y funcionamiento de las FFAA, y además cambia su rol al subordinarlas a las fuerzas de seguridad lo cual constituye una humillación ostensible hacia las FFAA y coloca al conflicto interno como una de las hipótesis donde puede desarrollar actividades de inteligencia, prevención y represión”.
“Evidentemente la idea del gobierno es llevar a las FFAA a reforzar a las fuerzas de seguridad para cuando el conflicto social adquiera mayor dimensión en función de las medidas que ha venido adoptando y de aquellas más gravosas aún, que impone el acuerdo con el fondo monetario internacional. La afirmación del jefe de gabinete diciendo que no se toca ninguna ley de la nación es ridícula porque entonces habría que preguntarles para qué emitieron un nuevo decreto si no iban a afectar las funciones tradicionales de las FFAA”.
El abogado relató que se ha presentado un proyecto impulsando la nulidad del decreto cuya resolución se espera en los próximos días, y reflexionó sobre el Estado de Derecho en nuestro país. “Creo que hay un derrumbe institucional; se ha afectado el Estado de Derecho cuya piedra basal es la división de poderes. Es más que ostensible que el Ejecutivo se apropia de las funciones del Legislativo y somete a la Justicia. De manera que estamos frente a una situación de excepcionalidad Constitucional que nada tiene que ver con el Estado de Derecho y que convoca a aplicar aquello que establece una de las más señeras incorporaciones de la reforma constitucional del ’94 en el artículo 36: deber y obediencia a la supremacía de la C.N y que reconoce en el pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional”.
“Este deterioro institucional motiva que varias iniciativas que convergen en un pedido de juicio político contra el poder ejecutivo, el gabinete de ministros como así mismo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que nada han hecho para preservar esa supremacía de la CN se lleve a cabo por las hipótesis de juicio político de mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función pública”.
“Ahora es imposible no compartir que se están avasallando y apropiando las incumbencias que la Constitución pone en cabeza del PE y que así mismo hay una situación de sumisión y dependencia de los integrantes del Poder Judicial”, expresó Barcesat.
Finalmente, con respecto a las propuestas tendientes a generar proyectos para democratizar la justicia, el abogado comentó: “Hay un elenco que trabaja- y que integro- bajo el rótulo de Foro para una nueva Constitución, donde se están reuniendo materiales e incorporando personalidades de distintos ámbitos para redactar este proyecto de reforma constitucional”.