En Mendoza, la defensa del agua se ha vuelto una causa incómoda para los poderes económicos y políticos. Federico Soria, ambientalista y referente en la lucha contra el proyecto minero San Jorge, enfrenta una causa judicial que, según denuncia, está plagada de irregularidades y responde a una lógica de criminalización de la protesta social y ambiental.
El proceso judicial contra Soria y Mauricio Cornejo está basado en la acusación de “coacción ideológica”, una figura que ni siquiera el juez federal pudo sostener, al no encontrar pruebas que involucraran bienes del Estado o la seguridad pública. A pesar de ello, la causa sigue en la justicia provincial, impulsada por la Fiscalía y sostenida por el testimonio de un denunciante que no logró reconocer a los acusados ni aportar pruebas materiales.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, este montaje judicial ocurre en el marco de un conflicto de fondo: la imposición del proyecto megaminero San Jorge, resistido por las comunidades de Uspallata y organizaciones socioambientales.
La reciente convocatoria a una audiencia pública en una zona remota, con condiciones restrictivas de acceso y participación, refuerza esta estrategia de exclusión. “Es un precedente grave que puede replicarse en otros territorios”, advierte Soria.
La persecución no se limita al ámbito judicial. Federico Soria fue despedido de su puesto en la Administración de Parques Nacionales, luego de años de hostigamiento institucional. El hecho de haber sido impulsor del proyecto de ley que propone la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas parece ser una de las razones ocultas tras su cesantía. La defensa del ambiente, lejos de ser reconocida, es penalizada.
Estas maniobras evidencian una alianza entre sectores del poder político, empresas extractivas y medios de comunicación que buscan neutralizar voces disidentes y avanzar con un modelo extractivista sin consenso social. Frente a esta avanzada, las comunidades organizadas responden con resistencia, acciones legales y propuestas alternativas que ponen en valor el cuidado del territorio, el acceso a la información y la participación popular.
Lo que está en juego no es sólo una causa judicial. Es el derecho a defender el agua, a decidir sobre el destino de los territorios y a construir una sociedad donde la voz de las comunidades no sea silenciada por intereses empresariales y lógicas de disciplinamiento estatal.