En Formosa, la persecución también la están sufriendo en la comunidad Wichi. Agustín Santillán está detenido desde el 13 de abril. Cintia Herrera, su abogada, habla en El Mañanero Informativo.
El 30 de agosto se dictó la nulidad de uno de los procesos en el que está acusado. Sin embargo la nulidad no alcanzó para darle la libertad a Santillán, y volvió a ser procesado, y sólo cambiaron la carátula: instigación a cometer delitos y robo a mano armada. Esta última causa se mantiene.
“Vamos a apelar este nuevo procesamiento: hay dos posibilidades, que vaya a juicio oral o conseguir la libertad en la apelación”
Estas acciones de estigmatización y persecución judicial se dan en un contexto en la Provincia de Formosa, bajo el gobierno de Gildo Infran. La modalidad de hostigamiento y control de la lucha y la protesta social, deja lecciones al resto que quiere defender sus derechos.
“La cuestión política es fundamental porque no hay independencia de la justicia”
Hay mecanismos por los cuales el poder judicial está en complicidad con el poder político, y colaboran desde ese lugar de poder.
“Estas situaciones se han hecho visibles gracias a los medios alternativos porque hay un fuerte cerco mediático”
¿Quién es Agustín Santillán y por qué lo convierten en preso político?
Agustín se ha erigido con un liderazgo muy fuerte en las redes sociales, para visibilizar las problemáticas sociales que atravisean Ingeniero Juárez. Uno de esos flagelos es la droga, sobre todo en los barrios más pobres, y él ha podido exponer la implicancia de gente vinculada al poder político. El otro gran tema es que en Ingeniero Juárez hubo una inundación muy grande que dejó sumergidos a muchos barrios indígenas. Además de la pobreza estructural que sufren estos sectores: no tienen acceso a servicios básicos, como salud, educación.
Pero además Agustín Santillán participa por otras causas colectivas, como el derecho a la tierra. En Formosa hay comunidades que tienen títulos, pero muchas otras no. Y han iniciado procesos de recuperación, pero otra vez el Poder Judicial que no respeta tratados internacionales, ni leyes nacionales como la 26160.