¡Defender la educación pública NO ES DELITO, el verdadero crimen es abandonarla!: este es el lema que ahora más que nunca, se vocifera desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Las protestas de agosto del 2018 contra el Decreto 530 que anunció Jaime Correas sobre modernización y actualización del nivel Superior, tuvieron como resultado la criminalización de la protesta, con el procesamiento e imputación arbitraria de Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento, que acompañaron la toma pacífica de los/as estudiantes del IES 9-002, del Normal. Ayer, la justicia dictaminó que no hubo delito.
Conversamos con Pablo Salinas, abogado, quien indicó que es muy importante lo dictaminado por la jueza, y se han ponderado a los deocentes por el propio fiscal, como colaboradores con la justicia.
Esto es un precedente que se utilizará en las otras causas, como el caso de tres docentes que están sobreseídos: Alejandra Castelli, Pablo Massutti y Martín Dalmau.
Asimismo, te compartimos de la mano del mismo Pablo Masutti, su reflexión al respecto.
Pablo manifiesta que junto a muchos compañeros y compañeras del SUTE, se solidarizan con la serie de imputaciones y procesamiento a raíz de los reclamos justos y legítimos que realiza el pueblo trabajador junto a distintos sectores que ponen en cuestionamiento la situación de crisis. Masutti dice que reclamar al Estado es constitucional, pero en vez de dar respuesta, este responde con el Código Contravencional y el Código Procesal Penal, donde se toma como delito, la legítima protesta. Te dejamos el audio completo acá:
La lucha sigue, la educación necesita más presupuesto, no castigos.