La preocupación crece entre las y los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En diálogo con En Colectivo, Marité Viedma, secretaria general de APINTA Regional Mendoza, advirtió sobre el profundo proceso de ajuste que atraviesa el organismo y alertó sobre las consecuencias que podría tener para la producción de alimentos, la agricultura familiar y el desarrollo científico-tecnológico del país.
“Estamos observando que cerca de 900 compañeros y compañeras se están retirando en todo el país a través de los programas de retiro voluntario impulsados por el Gobierno. Esto es un desastre a nivel institucional”, expresó Marité al describir el escenario actual.
Un organismo clave para el desarrollo agropecuario
La dirigente sindical recordó que el INTA fue creado para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario argentino mediante un modelo que combina investigación aplicada y extensión rural.
“El INTA investiga y transfiere tecnología. No sólo genera conocimiento, sino que trabaja para que productores y productoras puedan incorporar esas herramientas y mejorar sus sistemas productivos”, explicó.
En ese sentido, destacó que durante casi siete décadas el organismo ha sido protagonista de importantes avances para el país. Entre ellos mencionó el desarrollo del silobolsa, las mejoras genéticas en cultivos como trigo, soja, maíz y arroz, la conservación de bancos de germoplasma y el trabajo permanente sobre recursos genéticos animales y vegetales.
En Mendoza, subrayó, el aporte del INTA ha sido fundamental para el crecimiento de la vitivinicultura y la consolidación de la provincia como capital internacional del vino.
“El Malbec también tiene una historia vinculada al trabajo científico del INTA. Lo mismo ocurre con las mejoras en sistemas de riego, poda y manejo de viñedos que hoy forman parte de la identidad productiva mendocina”, señaló.
La defensa de la agricultura familiar
Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es el debilitamiento de las áreas de extensión rural, encargadas de acompañar a pequeños productores y agricultoras familiares.
Marité refuerza la idea de que la presencia territorial del INTA resulta esencial para sostener la producción de alimentos frescos y accesibles.
“La agricultura familiar es la que pone la lechuga, la cebolla, la papa y el brócoli en nuestra mesa. Si no acompañamos a esos productores con asistencia técnica, mejoras de riego, nuevas variedades o apoyo frente a contingencias climáticas, se vuelve cada vez más difícil sostener la producción”, afirmó.
La dirigente advirtió que el abandono de estos sectores también abre la puerta al avance de emprendimientos inmobiliarios sobre tierras productivas.
“Si los pequeños productores dejan de ver rentabilidad, terminan vendiendo sus parcelas. Se pierde producción local y se afecta directamente el abastecimiento de alimentos para nuestras comunidades”, sostuvo.
Seguridad y soberanía alimentaria
Durante la entrevista, Marité insistió en la necesidad de comprender que el debate sobre el INTA trasciende el ámbito laboral y se vincula directamente con el derecho a la alimentación.
“Lo que está en riesgo es la seguridad y la soberanía alimentaria”, remarcó.
Al respecto, explicó que la seguridad alimentaria implica garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos, mientras que la soberanía alimentaria se relaciona con la posibilidad de decidir qué alimentos producir y consumir de acuerdo con las culturas y tradiciones de cada territorio.
“Estamos hablando de algo tan básico como garantizar la comida en la mesa de las familias. No se trata de un bien de lujo; estamos hablando de sostener la vida”, enfatizó.
La disputa por las tierras y el modelo de desarrollo
Otro de los puntos señalados por la representante regional de Apinta fue la preocupación por los intentos de venta de inmuebles y tierras pertenecientes al organismo.
Según explicó, los campos experimentales cumplen funciones estratégicas para la investigación y conservación de recursos genéticos, por lo que consideró que su eventual privatización implicaría una pérdida patrimonial para toda la sociedad.
“Las tierras del INTA no son de los trabajadores ni del organismo. Son tierras de la ciudadanía destinadas a la investigación y al desarrollo tecnológico. Allí se conservan materiales genéticos y se realizan ensayos fundamentales para el futuro de la producción agropecuaria”, indicó.
“No naturalizar la pérdida de derechos”
En el tramo final de la entrevista, Marité Viedma amplió la reflexión hacia el conjunto de las políticas públicas y llamó a defender los organismos estatales vinculados a la ciencia, la tecnología y los derechos sociales.
“Achicar el Estado significa menos servicios para la gente. Cuando se reducen organismos como el INTA, el INTI, el PAMI o la ANSES, se afecta directamente la vida cotidiana de millones de personas”, sostuvo.
La dirigente planteó además la necesidad de recuperar valores de solidaridad social y evitar la naturalización de los retrocesos en materia de derechos.
“No tenemos que naturalizar la violencia ni la pérdida de derechos. Lo que se pierde puede llevar muchos años volver a conquistarlo. Nadie se salva solo; somos una comunidad y debemos defender aquello que garantiza una vida digna para todos y todas”, concluyó.
La entrevista dejó en evidencia que la defensa del INTA no se limita a una disputa laboral. Para sus trabajadores, se trata de preservar una institución estratégica para la producción de alimentos, la investigación científica, el desarrollo territorial y la soberanía alimentaria de la Argentina.
Escuchá la entrevista completa realizada por el programa En Colectivo y conocé en profundidad las voces de quienes hoy defienden uno de los organismos científicos y tecnológicos más importantes del país:
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