Eduardo Sosa, Licenciado en Gestión Ambiental se expresó sobre la denuncia ambiental presentada en el marco del impulso que se le está dando desde el ejecutivo mendocino al proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental.
La denuncia fue presentada el pasado viernes ante la Fiscalía de Estado, y en la misma se le exige a la misma que solicite al Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza la devolución del estudio de impacto ambiental realizada por la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible; conjuntamente con la suspensión de la resolución que da inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Este pedido se debe a que, según se denuncia, “presenta graves deficiencias técnicas que hacen imposible evaluarlo”.
En este sentido, Sosa expresó: “Los profesionales que elaboraron este estudio, lo que hicieron fue cortar y pegar pedazos de otros estudios ambientales más antiguos, como el de Portezuelo del Viento, el del Azufre…”.
En cuanto al escenario local que permite el avance de este proyecto a pesar de las deficiencias denunciadas, Sosa analiza que esto es posible porque “confían en que la Legislatura lo va a aprobar, confían en el aparato mediático dominante“.
El proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental abarca un área de casi 2 millones de hectáreas, que contiene al menos 250 propiedades mineras en distintos puntos. Una primera etapa reúne cerca de 33 propiedades mineras que abarcan una superficie de más de 700 mil hectáreas. “El tema es que no sabemos qué se va a hacer en eses 33 propiedades mineras porque no está en proyecto. La evaluación de los impactos ambientales es básicamente confrontar un proyecto específico en un lugar específico… ahora lo que el Gobierno ha hecho es con estas casi 2 millones de hectáreas y las 33 propiedades mineras para hacer 8 proyectos mineros y esa es la información”, dijo Sosa, denunciando la falta de información sobre la metodología y los fines que persigue cada proyecto.