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La referente del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, Mónica Bascuñán, advirtió sobre el grave deterioro de las políticas públicas en materia de discapacidad, la falta de información adecuada y el impacto directo que estas decisiones tienen en la vida cotidiana de miles de personas en todo el país. MB3nicaC3C3%A1n
En el marco del denominado “Día Internacional del Síndrome de Asperger”, Bascuñán explicó que desde el Observatorio no se promueve esa denominación, ya que se trata de una condición incluida dentro del espectro autista, y remarcó la necesidad de abandonar enfoques estigmatizantes o simplificadores. “No son personas ‘maravillosas’ ni ‘especiales’: son personas que se relacionan de otra manera. El autismo es una discapacidad psicosocial y debe ser abordado con respeto y desde los derechos humanos”, sostuvo.
Críticas al modelo médico y a la falta de investigación
La referente cuestionó la persistencia del modelo médico-rehabilitador, que reduce la discapacidad a una cuestión de salud y deficiencia individual, dejando de lado el enfoque social. En ese sentido, señaló falencias incluso en el ámbito universitario, donde —según afirmó— aún se reproducen contenidos desactualizados y sin perspectiva en discapacidad.
“El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su traslado al área de Salud es un retroceso enorme. Refuerza un modelo donde la discapacidad se transforma en negocio”, advirtió.
Corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
Uno de los ejes centrales de la denuncia fue el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivó en el cierre del organismo. Bascuñán recordó que hay 19 personas procesadas, entre ellas el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal del Presidente de la Nación.
Según explicó, la causa investiga una red de corrupción vinculada a sobreprecios y convenios irregulares en la compra de medicamentos del programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad. “Estamos hablando de fondos públicos, de medicamentos vitales, de derechos humanos. Esto es un escándalo”, remarcó.
Mientras la causa judicial avanza, las consecuencias se sienten en todo el país: personas con discapacidad que deben realizar rifas o recurrir a la solidaridad para acceder a tratamientos e insumos básicos, ante la falta de respuestas del Estado.
Certificado Único de Discapacidad y barreras en Mendoza
Bascuñán también se refirió a la situación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Mendoza, un documento público y gratuito que garantiza el acceso a múltiples derechos. Si bien existen juntas evaluadoras en todos los departamentos, denunció graves falencias en su funcionamiento.
“Falta capacitación, falta perspectiva y, muchas veces, falta humanidad”, expresó. Relató casos en los que personas con discapacidad son obligadas a asistir reiteradas veces de manera presencial, aun cuando la normativa permite mecanismos accesibles como evaluaciones virtuales.
Además, advirtió que muchos profesionales de la salud no informan a sus pacientes sobre la posibilidad de tramitar el CUD, lo que profundiza la desinformación y limita el acceso a derechos básicos.
Discapacidad como cuestión social y de derechos humanos
Finalmente, la referente subrayó que la discapacidad no es un tema sectorial ni individual, sino una cuestión social transversal. “Hay niños, adultos mayores, personas pobres y disidencias con discapacidad. Necesitamos un Estado presente y políticas públicas reales”, afirmó.
Desde el Observatorio remarcaron la importancia del rol de los medios de comunicación para visibilizar estas problemáticas y acompañar a las personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de sus derechos.
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