La avanzada del modelo de exclusión actual golpea con dureza a los sectores más vulnerables, transformando los derechos conquistados en una variable de ajuste económico. Analia Da Silva, directora del Centro de Día Sin Fronteras de Maipú, denunció que la institución atraviesa “una situación impensable” que representa un claro “retroceso en los derechos para las personas con discapacidad”.
Esta crisis no es casual, sino el resultado de políticas que priorizan el mercado por sobre el bienestar social, dejando a más de 100 familias en la incertidumbre total ante la falta de respuestas de un Estado que se retira de sus funciones básicas.
El estrangulamiento financiero por parte de las obras sociales como PAMI e Incluir Salud, con “atrasos muy grandes” que datan desde noviembre, ha puesto a las instituciones prestadoras al borde del abismo. A pesar de la lucha por una ley de emergencia que el ejecutivo nacional “vetó en varias oportunidades”, su cumplimiento actual es apenas “de forma parcial”.
Esta desidia institucional genera un “efecto dominó que abarca a un montón de aristas”, afectando gravemente la salud de los usuarios y la estabilidad de los trabajadores que, en muchos casos, vienen “cobrando en cuotas” sus salarios.
La democratización de la sociedad exige que el cuidado y la rehabilitación no sean privilegios de quienes pueden pagarlos, sino garantías para una vida plena. Ante el desprestigio mediático que busca vaciar el sector, la comunidad organizada se planta para exigir “que se cumpla lo que es ley”.
Sostener estos espacios es defender la identidad y la permanencia de las personas con discapacidad en su territorio, evitando que el encierro doméstico destruya la dinámica de las familias trabajadoras que hoy se encuentran desamparadas ante la crueldad del ajuste.
Te invitamos a escuchar el audio completo de esta entrevista para conocer a fondo la realidad de quienes luchan por sostener los derechos frente al vaciamiento.
