El Observatorio de Discapacidad de Mendoza advirtió sobre las consecuencias de la decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial.
Mónica Bascuñán, referente del Observatorio, señaló que la medida constituye una nueva barrera en el acceso a derechos. “El Ejecutivo debía promulgar la norma porque había sido intimado por el legislador Esteban Paulón, pero al mismo tiempo la devolvió al Congreso para que se defina su financiamiento. Es legítimo desde el punto de vista formal, pero en la práctica limita la vigencia de la ley”, explicó.
La Ley 27.793 fue aprobada en respuesta a la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad en el país. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento, lo que generó alarma en organizaciones sociales.
“Se está discutiendo si se aplica o no una emergencia en discapacidad, cuando lo que está en juego son derechos humanos básicos: acceso a tratamientos, terapias, transporte, salud y educación”, advirtió Bascuñán.
La referente también denunció que la situación se da en paralelo a investigaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, vinculadas a la compra de medicamentos. “Con fondos que deberían destinarse a personas en situación de vulnerabilidad, se habrían financiado hechos de corrupción. Es inaceptable”, sostuvo.
Desde el colectivo de discapacidad se convocó a una asamblea federal para definir nuevas acciones de protesta. “Estamos hablando de vida o muerte. Cuando una persona con discapacidad no accede a tratamientos, su salud se deteriora, y muchas veces eso significa morir antes de tiempo”, remarcó Bascuñán.
El financiamiento del sector proviene en gran parte del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de aportes de trabajadores y jubilados. El Estado nacional financia directamente solo pensiones no contributivas por invalidez y el programa federal Incluir Salud.
“Lo que vemos es un plan de ajuste que golpea a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Necesitamos que la ley se aplique y que los recursos se destinen a donde corresponde”, concluyó la referente.
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