Los ajustes en las asignaciones por discapacidad, pagos atrasados y proyectos que pretenden modificar la financiación de las prestaciones siguen avanzando en las políticas públicas. Para profundizar sobre el tema hablamos con Pedro Ávalos, vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país.
“Quería distinguir dos situaciones: por un lado la situación coyuntural de que hay un problema de financiamiento, de caja, que ha demorado el pago de las prestaciones correspondientes al mes de agosto; y por otro lado hay una reforma estructural que se está estudiando, a través de un decreto de necesidad y urgencia que cambiaría el financiamiento de las prestaciones por discapacidad que brindan y seguirán brindando las obras sociales…”, explicó Pedro y agregó: “esto tiene consecuencias en la economía de los prestadores y esto tiene consecuencias sobre las personas con discapacidad, en este contexto inflacionario las prestaciones brindadas en junio, cuyas facturas se presentaron a principios de julio, debieron ser pagadas en agosto y todavía el prestador no cobró, esto ha provocado 3 días de paro, con lo cual ha tenido un impacto en las personas con discapacidad…”
Continuó ahondando en los motivos por los que falta plata: “…los trabajadores cuando cobran su salario aportan un 3% para las obras sociales, además la patronal pone un 5%, con esta recaudación la Superintendencia de Servicios de Salud devuelve a las obras sociales lo que gastan en materia de discapacidad… falta la plata porque al principio de su gestión Macri retiró de ese fondo U$S 2.000 millones y los puso en la bicicleta financiera… En segundo lugar la gestión de Daniel López, superintendente de servicios de salud ha adelantado fondos a las obras sociales por un total de $ 2.000 millones en febrero, $ 2.500 millones en marzo… estos adelantos han impactado sobre la disponibilidad de recursos…”
Luego acentuó ciertas anomalías: “… esos recursos fueron distribuidos con un criterio político: 247 obras sociales recibieron un promedio de $ 8 millones, pero OSDE… recibió $103 millones, UATRE la obra social de los trabajadores rurales muy ligada al sector del macrismo recibió $ 96 millones, Unión Personal que tiene vínculos con el peronismo recibió $ 80 millones, acá no hay grieta…”
Pedro nos dejó un teléfono para quienes requieran el servicio gratuito de asesoramiento jurídico gratuito brindado por la Confederación: 11-3762 0347
En el siguiente audio se profundiza el análisis respecto de las consecuencias que sufren personas por ejemplo con tratamientos oncológicos o psiquiátricos, que no pueden discontinuarlos.