Este miércoles 30 de abril, frente al Congreso Nacional, se llevará a cabo una importante movilización convocada por organizaciones, prestadores de servicios para personas con discapacidad, trabajadores y familiares. La consigna principal: declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar un financiamiento adecuado para salud, accesibilidad, empleo y programas sociales.
El proyecto de ley, que ya ha comenzado a ganar apoyo en diversos sectores, busca abordar una serie de desafíos que enfrenta la comunidad de personas con discapacidad en el país. Entre las medidas más destacadas se incluyen la actualización de las prestaciones de la Ley 24.901, cuya desactualización ha llevado al cierre de servicios, la baja de profesionales independientes y un creciente endeudamiento de las instituciones encargadas de la atención. También se plantea un ajuste en el monto de la asignación mensual de estímulo para los trabajadores del empleo protegido, que no ha sido revisado desde febrero de 2023.
Además, el proyecto propone la creación de una pensión destinada a personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que, por su situación económica, no tengan acceso a recursos suficientes. Esta pensión también se aplicaría a personas de 70 años o más, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la es la solicitud de auditorías que dispuso el gobierno nacional, las cuales presentan una alta obstaculización burocrática para su tramitación debido a que se cita a los titulares con muy poco margen de antelación impidiendo que realicen las gestiones pertinentes en el sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les remiten y las eternas filas inhumanas a la intemperie, entre otros reclamos. Desde el gobierno, sin embargo, se sostiene que la emergencia en discapacidad sería un costo mensual de 150 millones de dólares, que afectaría el equilibrio fiscal del país.
Actualmente, la pensión vigente para personas con discapacidad asciende a 270.000 pesos mensuales (incluyendo el bono de $70.000), una cifra lamentablemente insuficiente lo cual impide tener una vida digna fuera de la línea de la pobreza.
El debate sobre este tema comenzará en comisiones del Congreso el próximo miércoles 30 de abril, un paso clave en la búsqueda de una respuesta urgente a las necesidades de un sector de la población que atraviesa situaciones de extrema vulnerabilidad.
(Foto: gentileza de Anred)
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/7861-D-2024.pdf
https://www.anses.gob.ar/aumentos-de-abril-para-jubilaciones-pensiones-y-asignaciones