Fabricio Silva es integrante del Consejo de Participación Indígena y Werquen (autoridad) de la comunidad Mapuche “We Newen” del sur de nuestra provincia. Con él dialogamos respecto de los discursos de odio en contra de las comunidades originarias y los intereses político–económicos sobre los territorios.
En sus palabras: “… la sociedad en su conjunto nos debemos reinventar nuevas cosas, nuevas formas, nuevos conceptos para poder definir lo que está pasando inclusive en el mundo… la naturalización de los discursos de violencia…” para luego continuar: “… hay una gran preocupación sobre cómo puede arraigarse eso en la gente… y generar un estado de impunidad, como dejando la zona liberada para que cualquier persona que le quepa este discurso lo transforme en algún tipo de acción violenta…”
Nos preguntamos y se lo trasladamos a Fabricio para qué se reclaman las tierras: “… detrás hay una lucha ideológica y una necesidad de esos grupos o poderes concentrados… en asimilar o hacer propio de su modelo a cualquier otra expresión que no entre en su forma de entender el mundo, para ellos la propiedad privada es la única posible… Nosotros lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años…siempre hemos buscado la forma de permanecer en los territorios… en algún momento nuestros abuelos fueron llevados a lugares donde se les puso un apellido siendo despojados de sus nombres naturales o ancestrales para tener un apellido dentro de un Registro Civil, y desde ahí viene una apropiación ideológica, cultural, que después permitió el avance sobre los territorios… Luego nuestros abuelos adoptaron la identidad del puestero o de la crianza de ganados por el hecho de permanecer en los territorios… Ya más cercano en la historia… se ha logrado algunas herramientas, instrumentos legales que han permitido desarrollar estas políticas indígenas. En la Constitución Nacional, en la reforma de 1994 en el artículo 75 inciso 17, con la Ley 23.302, con la 24.071 y todo un compendio de leyes…Así es como llegamos a la aplicación de la 26.160 que es el instrumento que ahora se está poniendo en duda… es una ley de emergencia de tierras de comunidades indígenas, por eso frena los desalojos y obliga a los estados nacional y provinciales a realizar un relevamiento técnico jurídico catastral para constatar la ocupación actual, tradicional y pública de esos territorios…”