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En el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, el ingeniero químico, exinvestigador del CONICET y dirigente social Eduardo Pérez Caram brindó una contundente entrevista en la que advirtió sobre los impactos ambientales, sanitarios y económicos que tendría el proyecto megaminero de cobre San Jorge, actualmente impulsado por el gobierno provincial.
Durante la charla, Pérez Caram explicó que el uso de sustancias tóxicas como el xantato y los efectos químicos derivados de la oxidación de sulfuros en contacto con el aire —que genera ácido sulfúrico— representan una amenaza directa a los acuíferos subterráneos y superficiales. “Este ácido sulfúrico se filtra en el suelo, se integra a las corrientes de agua y disuelve metales pesados como plomo y uranio. Son venenos que no pueden ser eliminados del cuerpo humano y causan enfermedades graves”, detalló.
El especialista también cuestionó la decisión de realizar la audiencia pública sobre el proyecto en terrenos de la empresa minera, el próximo 2 de agosto, en San Jorge, señalando que “es una audiencia privada, donde la empresa y el gobernador Cornejo juegan de local”. Al respecto, indicó que la medida busca dificultar la participación ciudadana y desvirtúa el espíritu de la ley que exige este tipo de instancias.
Además de los impactos sobre la salud humana, Pérez Caram subrayó que los efectos de la contaminación alcanzan a la biodiversidad completa de la región, incluyendo animales, cultivos y ecosistemas enteros. “Esto no solo afecta al ser humano. Es una amenaza para toda forma de vida, incluyendo la producción agrícola y pecuaria que depende del agua limpia del río Mendoza”, afirmó.
El ingeniero recordó que la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas peligrosas en la minería, sigue vigente y ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, denunció presiones políticas para derogarla.
En un plano más amplio, Pérez Caram también alertó sobre la pérdida de soberanía que implicaría el avance de este tipo de emprendimientos. “Toda la renta que genere esta explotación se va al extranjero. Es la misma lógica colonial de siempre: nos dejan la contaminación y se llevan la riqueza. No ganamos nada como provincia”, sentenció.
Frente a este escenario, propuso retomar y fortalecer alternativas productivas como la agroindustria y la explotación del guayule, un arbusto autóctono que puede utilizarse para fabricar caucho natural. “Podemos desarrollar una matriz productiva sostenible, con empleo y valor agregado local. No necesitamos sacrificar nuestra salud ni nuestros recursos”, afirmó.
Finalmente, el dirigente convocó a la población mendocina a participar de la audiencia pública popular que se llevará a cabo en el pueblo de Uspallata como contraparte ciudadana al evento oficial. “Debemos alzar la voz y oponernos firmemente a este proyecto. La vida y el agua no se negocian”, concluyó.
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