Por: Florencia López y Valeria Marchan, docentes
El 18 y 19 de octubre se puso en marcha el Operativo Aprender, evaluación nacional sobre el sistema educativo, fuente de tantos debates y análisis.
¿Qué se esconde detrás de esta evaluación? Es nada más ni nada menos que la contraposición de la educación entendida como derecho social o como una mercancía.
Docentes y directivos por miles denuncian al Operativo en todo el país por tratarse de una evaluación que está planificada desde afuera por “entendidos”, sin el aporte y consenso de la comunidad educativa (alumnos, familias, docentes, directivos, personal no docente, etc…) y sin tener en cuenta las peculiaridades de cada comunidad, mide de la misma forma una escuela pública que se cae a pedazos que la más elitista escuela privada; una escuela con solamente un pizarrón que otra con herramientas como internet, proyectores y computadoras; una escuela donde los niños y las niñas van con hambre que otra donde van bien alimentados. Pedagógicamente constituye un contrasentido, ya que deja de lado la evaluación como una instancia más del proceso de aprendizaje y la concibe como una simple acumulación de datos.
La tendencia, muy acorde con las ideologías de derecha, es crear una “cultura de la evaluación” que, como ha venido pasando en otros países, pueda luego dar argumentos para implementar reformas en el sistema educativo con miras a inducir qué contenidos deben darse (en sintonía con las demandas de las empresas) y de optimizar costos (desinversión) para lograr “mejores resultados”, justificando de esta forma la necesidad de privatizar o tercerizar la educación pública, asociando estos procesos a la “calidad” educativa.
El proceso privatizador de la educación en nuestro país empieza con la última dictadura cívico-militar, en donde se sientan las bases para desligar al Estado de sus obligaciones, en especial las económicas, convirtiendo a la educación en un elemento más del mercado. Luego este proceso es continuado durante los gobiernos de Menem con la Ley Federal, dando entrada a la injerencia de los organismos financieros internacionales en las propias reformas educativas de varios países latinoamericanos (creando vínculos estrechos entre programas económicos –créditos, préstamos- y programas educativos). En tiempos macristas venimos escuchando a funcionarios del ministerio de educación promover de forma solapada la necesidad de una relación cercana entre educación y empresariado.
Y si el objetivo es “conocer los desafíos pendientes”, no podemos dejar de observar que se gastó mucho dinero para poner en práctica este operativo mientras las escuelas siguen COMO YA SE SABE, con graves deficiencias edilicias, reducción del presupuesto en todas las esferas, desmantelamiento de programas educativos y de formación docente, salarios docentes que no alcanzan a cubrir la canasta familiar, falta de miles de vacantes en el nivel inicial, emergencia educativa por falta de docentes en varias zonas y distritos, entre otros.
Para terminar, lo concreto es que en la instancia de evaluación quedaron a la luz las segundas intenciones del operativo con preguntas como “¿las maestras y maestros se enojan con ustedes?”, “¿los maestros y maestras te escuchan?”, “¿los maestros y maestras explican los temas hasta que los entendés?”; es decir recargar las tintas de los problemas de la educación pública sobre el rol docente. Además, si es una evaluación de contenidos, por qué aparece un cuadernillo de datos personales, sociales y económicos de cada familia que un niño o adolescente no debería informar; en todo caso esa información se debe obtener a través de un adulto responsable o de un censo.
En conclusión, dentro de muchas conclusiones posibles, nos preguntamos, entre muchas incertidumbres, ¿qué otros ítems se aplicarán al sistema educativo y sus actores sociales a la luz de los “resultados” que este operativo arrojará?
(Fuentes consultadas: ANRed, https://www.anred.org/)