Federico Soria, miembro de la Asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata comparte la información que lamentablemente vuelve a poner en foco los insistentes avances del Gobierno mendocino hacia la actividad minera. En este caso, vuelve a aparecer la sombra de la minera San Jorge por los suelos de Uspallata.
“En realidad es un proyecto que nunca dejó de estar en carpeta dentro del gobierno provincial, a pesar de todos los rechazos que ha tenido. Podemos empezar recordando que fue rechazado en la audiencia pública histórica que se hizo en Uspallata en el 2010. Después hubo un rechazo legislativo en el 2011. También la minera San Jorge fue una de las empresas que accionó contra la ley 7722 en la Corte Suprema de Justicia. Incluso su apoderado legal, Raúl Rodríguez, no solo fue el que patrocinó la causa de San Jorge, sino todas las otras causas que fueron también rechazadas en la Corte Suprema. El gobierno de Mendoza, incluso, que lo debería haber hecho apenas, la legislatura sacó el rechazo, se tomó seis años para pasar a archivo definitivo el proyecto, o sea, el informe o la declaración de impacto ambiental. Y la empresa siguió insistiendo: en el 2019 presentó un nuevo informe de impacto ambiental, que en realidad es bastante similar al anterior, con una pequeña lavada de cara. Pero bueno, en aquel entonces se estaba desarrollando la pueblada que defendió la ley 7722 y consiguió bajar la modificación. Y en ese contexto el gobierno lo mandó a guarda temporal, a ese segundo expediente”, recordó Federico y agregó: “Y nos hemos enterado hace poco, que el director de minería, Jerónimo Chantal, sacó del freezer ese segundo expediente de Minera San Jorge y lo echó a rodar, la cuestión es que ya tiene una nota y un proveído de la Dirección de Protección Ambiental. Así que el proyecto ya empezó a rodar nuevamente”.
Tras el impasse tomado por la empresa, al que se le sumó el contexto geopolítico signado por la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora vuelve a sus intentos de infiltrarse en suelo mendocino favorecido por sus lobbistas locales. El punto de alerta en Uspallata es álgido dado que según relatan desde la Asamblea, existen más de 300 concesiones mineras en un área de 4000 km2. “El tema con San Jorge es que a diferencia de lo que se está planteando en Malargüe todos esos proyectos están en etapa de exploración, en cambio con la minera San Jorge, en el caso de que lo llegasen a aprobar, directamente arrancarían con la explotación”, afirmó Federico.