El INTA está en la base del desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico-tecnológico nacional, trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentran en lucha. Marité Viedma, Secretaria General de APINTA Mendoza, en conversación con el programa En Colectivo remarcó que, el organismo no solo investiga: garantiza salud, alimento y desarrollo económico local con soberanía.

La medida de fuerza, convocada en paralelo al tratamiento parlamentario de decretos que buscan desfinanciar instituciones públicas claves, es una respuesta colectiva frente a un modelo que atenta contra derechos conquistados. El paro de 36 horas fue acompañado por movilizaciones masivas al Congreso de la Nación, en articulación con otros gremios y sectores sociales.

El INTA, con presencia en todo el país, sostiene una tarea territorial esencial: investigación, extensión, transferencia tecnológica y acompañamiento a productores y comunidades. “La genética del Malbec, el desarrollo de los silobolsas, el manejo del riego, el 80% de la cebolla y el 70% del tomate que se consumen… todo eso es resultado del trabajo público del INTA”, señaló Marité.

En Mendoza, por ejemplo, su labor ha sido clave para el crecimiento de la vitivinicultura y para garantizar alimentos accesibles a través de la producción hortícola de pequeña escala.

El vaciamiento que denuncia APINTA no es nuevo. Ya en 2023, los retiros voluntarios provocaron la pérdida del 12% del personal técnico. Hoy, la amenaza se profundiza: se impide la reposición de vacantes y se rompe la gobernanza público-privada que definía las líneas de acción. “Quedamos a gusto y piacher del gobierno de turno. Esto no había pasado en casi 70 años”, advirtió.

El ataque no es aislado ni casual. Forma parte de un modelo económico que prioriza el lucro y concibe al otro como un enemigo a vencer. “No es falta de sensibilidad. Es una pedagogía de la crueldad que se traduce en violencia institucional concreta”, denunció la dirigente. 

Frente a este escenario, la defensa del INTA no es sólo la defensa de un organismo: es la defensa del derecho a la vida digna, a la alimentación saludable, al desarrollo soberano y federal.

Mientras las autoridades nacionales insisten en ajustar sobre lo público, miles de trabajadores y comunidades organizadas levantan la voz por una ciencia al servicio del pueblo. En las calles y en los territorios, el INTA resiste.

El decreto que pone en grave riesgo el funcionamiento del organismo fue rechazado por 141 votos a favor, 65 en contra y una abstención en la sesión de la Cámara de Diputados, el 6 de agosto y se espera su próxima etapa en la Cámara de Senadores.

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