A fines de la semana pasada, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dio a conocer el nuevo protocolo anti piquete que regirá para quienes se manifiesten o marchen por las calles del país.
Recordemos que Mendoza fue la única provincia donde tuvo aplicación el anterior protocolo anti piquete que impuso Bullrich cuando eran Ministra de Seguridad del entonces presidente Mauricio Macri, en febrero de 2016. En nuestra provincia, no solo se aplicó sino que también, se realizaron detenciones e imputaciones penales de distintos militantes.
Dialogamos con María del Carmen Verdú, abogada y militante antirrepresiva desde fines de los ’80 e integrante fundadora de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), quien al respecto de la aplicación de este nuevo protocolo, nos dijo: “Va a ser una política de estado totalmente contrapuesta a la que se venían aplicando en el otro gobierno y en ese escenario, aparece este protocolo que convierte en ilegal cualquier manifestación y expresión de rechazo en el marco de la protesta”.
Entre los puntos más importantes y graves que se modifican en este protocolo actual, está la derogación de la resolución 210 del año 2011, que establece la libertad de acción de las fuerzas armadas.
“La resolución 210 establecía que las fuerzas de seguridad que intervienen en el marco de una protesta, de una manifestación o cualquier situación vinculada al conflicto social, no pueden portar armas de fuego cargadas con proyectiles de plomo. Esta resolución también decía que todo el personal debía tener visible el cartel con su nombre y grado para poder identificarlos y establecida que toda intervención policial debía comenzar progresivamente con el diálogo. El nuevo protocolo dice que la fuerza policial tiene que intervenir siempre, tengan o no orden judicial”, advirtió Verdú y añadió: “El otro punto que no es menor es el registro de datos, toda esa información se va a volcar en un registro en el ministerio de seguridad”.
Por otro lado, los manifestantes deberán hacerse cargo de los eventuales daños ocasionados durante la protesta, como también, de los gastos del operativo policial que se implemente para frenarla.
Antes cualquier duda o consulta sobre el tema, se puede indagar o comunicarse con CORREPI a través de sus redes sociales.