De esta manera definió al Protocolo Antipiquetes, lanzado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullich, Luis Federico Arias, ex juez federal de la Nación y jurista político de larga trayectoria.
La nueva normativa, denominada “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir, si orden judicial, ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte.
La oficialización del protocolo abrió un debate jurídico entre quienes creen que la norma garantiza el tránsito y la libre circulación y quienes creen que limita y restringe el derecho a la protesta.
Al respecto, el ex juez Luis Arias opinó: “Este protocolo es inconstitucional y como todo derecho, tiene que ser regulado por las leyes, los derechos sólo pueden ser limitados por leyes no por una resolución ministerial. El derecho a la protesta está protegido por diversos instrumentos internacionales, de modo que no es un derecho cualquiera, sino que es un derecho que tiene unas características especiales”.
La nueva reglamentación del Ministerio de Seguridad de la Nación, tuvo su primera ocasión para implementarse en la movilización a nivel nacional que se realizó ayer, 20 de diciembre, para conmemorar el levantamiento social del 2001.
“En nuestro país, las movilizaciones están arraigadas en las costumbres políticas del pueblo no puede una resolución ir contra eso. El protocolo es un catálogo de amenazas y hay derechos en colisión, como el de la libertad en la circulación y el derecho a la protesta; lo que debe hacerse es tratar de armonizarlos”, enfatizó el jurista.
Y concluyó: “La democracia no puede convertirse en una prevalencia de los derechos de la mayoría en contra de las minorías. Hay una fuerte estigmatización hacia aquellos que salen a protestar.”