En medio del creciente deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores, el PAMI, organismo encargado de garantizar la salud de jubiladas y jubilados, se encuentra en el centro de una grave denuncia por incumplimiento de medidas judiciales que ordenan restituir la cobertura total de medicamentos.
Así lo explicó el Dr. Luciano González Etkin en el espacio Derechos de la Gente, quien advirtió que, desde diciembre de 2023, el PAMI impuso de forma unilateral una resolución que reduce los porcentajes de cobertura de medicamentos según criterios económicos restrictivos, dejando a miles de personas mayores sin el acceso pleno a su tratamiento.
Tras la intervención de asociaciones, gremios y abogados, la Justicia de Mendoza dictó una medida cautelar colectiva que obliga a restituir el 100% de cobertura para jubilados y pensionados que antes accedían a ese derecho. Sin embargo, el PAMI continúa incumpliendo esa orden judicial, forzando a cada persona afectada a iniciar acciones legales individuales para recuperar su acceso a la salud.
El incumplimiento no es solo ilegal, sino profundamente regresivo. Se trata de una vulneración concreta al derecho a la salud, en un sector ya afectado por haberes mínimos, inflación y una alta demanda sanitaria.
Cabe recordar que los trabajadores activos y jubilados financian el PAMI con sus aportes mensuales. Lejos de tratarse de un beneficio “gratuito”, el acceso a medicamentos y prestaciones es un derecho ganado y sostenido por quienes durante décadas contribuyeron al sistema.
La desobediencia institucional frente a sentencias judiciales expone un modelo de gestión que desatiende a los sectores más vulnerables. En este contexto, es clave reafirmar los derechos colectivos, exigir el cumplimiento de la justicia y fortalecer los canales de organización y defensa popular.
