Por el Dr. Alfredo Guevara
Hay quienes dicen que es mejor, si se puede, mirar de reojo aquello que nos horroriza. Mejor mirar así, desde Bermejo, en tiempos en los que nos regalan miedo para vendernos seguridad. Si tiene tiempo, ganas y se cansó de las excusas de herencias recibidas, pase y mire este horror, pero no se asuste que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
Comenzamos por los derechos económicos y sociales: el trabajo, la vivienda, la educación, son derechos humanos que deben garantizar los estados mediante políticas activas. Una rápida mirada es desoladora. El Presidente entrante inició su gestión con despidos masivos en el estado que pronto se extendieron a todas las actividades, generando temor en los trabajadores. Luego vetó la “ley anti-despidos” y la ley de “emergencia social” se discute en estos días para evitar estallidos sociales en este fin de año. Los derechos de los trabajadores retroceden con la política económica de Macri en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, que han incrementado la desocupación, la pobreza y el endeudamiento nacional.
Después de eliminar retenciones agrarias y mineras, devaluar y pagar a los fondos buitre, Macri declaró que “Falta una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”, cuestionando los principios del derecho laboral argentino en favor del trabajador. Luego declaró que se deben “rediscutir los convenios laborales”.
La pérdida de derechos de los trabajadores es acompañada por un deterioro de las libertades públicas. Como dijo el sociólogo francés Loïc Wacquant, el régimen neoliberal combina la mano invisible del mercado y el puño de hierro del estado.
En cuanto a la libertad de expresión la derogación por decreto de partes sustanciales de la Ley de Medios constituye un triunfo de los grandes monopolios que se veían afectados por una norma que promovía el pluralismo y defendía la libertad de expresión. Las imágenes del órgano de aplicación rodeada por policías que impedían el ingreso también constituyen un mensaje a la sociedad, al igual que la represión a las protestas sociales anunciadas en el protocolo dado a conocer por la Ministra de Seguridad de la Nación.
La detención arbitraria de Milagro Sala constituye una gravísima violación de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria exigió al gobierno la liberación de los presos políticos. Igual pedido ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. En nuestra provincia, la referente de la agrupación Túpac Amaru, Nélida Rojas debió interponer un recurso de habeas corpus ante las versiones periodísticas de su posible detención.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su opinión 31/2016 publicada el 21 de octubre anterior, determinó que la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.
Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy.
En su Informe sobre el Uso de la prisión preventiva en las Américas, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”. La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva.
La mano de hierro del estado implica destinar enormes inversiones en seguridad, presentadas como solución mágica a los problemas de violencia estructural, en una sociedad cada vez más desigual con el objetivo de incrementar el control social. Los datos son contundentes, la tasa de encarcelamiento se ha incrementado en forma alarmante durante los últimos años, pero eso no ha reducido el delito. Después de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza encabeza los índices de encarcelamiento. Este año cierra con el record de 4296 personas privadas de libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene medidas cautelares sobre las unidades de Cacheuta y San Felipe. Después de la reciente visita del titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestra Provincia cuestionando el uso de la prisión preventiva, el Gobernador furioso declaró que “mentía descaradamente” y descalificó a la propia Comisión. Igual que el gobernador de Jujuy, llama la atención el desprecio del derecho internacional de quienes fueran parte de una fuerza política vinculada al ideario democrático y a la defensa de los derechos humanos. En esa posición, lejana a la de Raúl Alfonsín, se inscriben también las declaraciones de Cornejo y su Ministro de In-seguridad, anunciando la imposición de trabajos forzados a los presos para pagar los gastos que ocasionan al estado. Trabajo y educación en las cárceles es una demanda que impulsamos desde hace años, porque es una forma de incluir a los excluidos, y construir una sociedad con menos violencia. Pero en las cárceles de la miseria, el gobernador de Mendoza propone trabajo esclavo, que fuera abolido por la Asamblea del Año XIII. La designación de José Valerio como integrante de la Corte se inscribe en esa línea de desconocer la obligatoriedad del derecho internacional fortaleciendo una tendencia autoritaria de expansión del poder punitivo. Además, un desprecio a las demandas de participación de la mujer realizadas por un fuerte movimiento en contra de la violencia de género, ausente en el máximo Tribunal mendocino.
Y si bien recientemente se inició un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, que nos remite a la memoria de las violencias de estado, a la vez se dicta un decreto para que las viejas instalaciones del principal centro clandestino de detención, tortura y muerte, dejen de ser en espacio de la Memoria.
Como decía Galeano, “en un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad.”