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En comunicación con La Mosquitera, el ambientalista Federico Soria denunció una serie de maniobras políticas y judiciales que, según afirma, buscan silenciar su oposición al proyecto megaminero San Jorge en la zona de Uspallata. Tras haber sido cesanteado de su cargo en la Administración de Parques Nacionales, Soria prepara acciones legales contra el Estado Nacional y funcionarios específicos del organismo, al considerar que su salida fue parte de una represalia por su militancia ambiental.
“La cesantía implica que podría volver a trabajar en el Estado, pero no cambia el fondo del asunto: me despidieron mientras cursaba una licencia por razones de salud, lo que agrava la situación”, explicó. Según indicó, la Junta Médica del Ministerio de Salud de la Nación reconoció incapacidades laborales, lo que implicaría un agravamiento de las condiciones del despido y, por ende, una indemnización mayor.
Soria vinculó su desvinculación directamente con su oposición al emprendimiento megaminero de la empresa San Jorge, liderado por la corporación Solway. “Todo está coordinado: la causa judicial en mi contra y el sumario interno que terminó con mi cesantía avanzaron en paralelo. Es un escarmiento, un disciplinamiento, no solo para quienes nos oponemos a la megaminería, sino también para los empleados públicos que se atrevan a cuestionar”, denunció.
La preocupación del ambientalista no se limita al plano personal. Subrayó los riesgos ambientales y sociales del proyecto minero: “Van a usar sustancias tóxicas en un área extremadamente sensible. Ya hubo una audiencia pública en 2010 con fuerte rechazo social, y en 2011 la Legislatura provincial lo rechazó. El nuevo estudio de impacto ambiental es incluso peor que el anterior”.
Soria detalló que el proyecto vulnera la Ley 7722 –que regula el uso de sustancias tóxicas en la minería– y la Ley 6045, que protege a los monumentos naturales provinciales como el hábitat del guanaco, el choique y el cóndor. Además, denunció que no se han cumplido requisitos formales como los dictámenes de todos los municipios de la cuenca del río Mendoza ni la manifestación específica de impacto hídrico.
“El Estado deja de recaudar millones por las deducciones impositivas dobles que reciben las empresas mineras. Todo lo que invierten, como televisores o electrodomésticos que entregan en Uspallata, lo descuentan dos veces. Es clientelismo disfrazado de inversión social”, afirmó.
Soria también recordó que desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados presentaron en 2009 un proyecto de ley para crear el área natural protegida Uspallata-Polvaredas, lo que impediría legalmente la actividad minera. “Es una propuesta sólida, con fundamentos técnicos, científicos y legales. Por eso nos persiguen: no pueden rebatir nuestros argumentos”.
En cuanto al intento de modificar la Ley de Glaciares, Soria advirtió que el objetivo es “blanquear las ilegalidades existentes y facilitar la expansión megaminera sobre zonas de glaciares y periglaciares, como ocurre en el Cerro Arauca o el Cordón del Tigre”.
A pesar de la presión, Soria se mostró firme: “Estoy fuerte y decidido a seguir. Me preocupa que esto afecte a mis seres queridos, pero sé que mis planteos son correctos y por eso no han podido refutarlos técnicamente. Nos están empujando a resistir con todo lo que tengamos: leyes, organización y visibilidad pública”.
Finalmente, alertó sobre la estrategia global de Solway, citando antecedentes en otros países como Guatemala, donde se ha documentado persecución y violencia contra comunidades y líderes ambientales: “Esto es inaceptable en un país que se dice democrático. Hay que seguir denunciando y visibilizando”.