El integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Federico Soria, denunció una nueva avanzada del gobierno provincial y de la empresa Minera San Jorge para intentar aprobar el proyecto minero en la zona cordillerana, pese a la oposición social y a múltiples irregularidades ambientales y legales.
“Nos quieren imponer un proyecto ilegal. Están violando la Ley 7722, el Acuerdo de Escazú y normas internacionales que protegen a los pueblos originarios”, sostuvo Soria en diálogo con Radio Comunitaria La Mosquitera.
El referente ambiental explicó que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fue enviada a la Legislatura sin cumplir con los procedimientos de participación ciudadana ni con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias de la cuenca del río Mendoza. “El gobierno decidió llevar la audiencia pública lejos de Uspallata, en un lugar inaccesible, para bloquear la participación genuina de la ciudadanía”, señaló.
Además, denunció que los estudios hidrológicos presentados por la empresa contienen datos falsos y mapas adulterados, y que el emprendimiento afectaría áreas protegidas donde la actividad económica está prohibida por la Ley 6599 de Monumentos Naturales Provinciales y la Ley 6045.
Según Soria, la Legislatura avanza “a libro cerrado” con el tratamiento exprés del expediente de San Jorge, mientras mantiene “pisado” desde hace 17 años el proyecto alternativo de los vecinos para declarar Área Natural Protegida Uspallata–Polvareda.
Persecución y causas judiciales
Soria también se refirió a la situación judicial que atraviesa junto a otro integrante de la asamblea, Mauricio Cornejo, a quienes se les inició una causa penal tras participar en manifestaciones contra la megaminería. “Hace nueve meses nos persiguen judicialmente y además fui cesanteado de mi cargo en la Administración de Parques Nacionales, en un proceso lleno de irregularidades”, explicó.
Denunció además una campaña de difamación en su contra por parte de funcionarios y medios hegemónicos, espionaje ilegal durante audiencias públicas y filtración de información reservada de su expediente laboral. “Hemos presentado denuncias por falso testimonio, privación ilegítima de la libertad y prevaricato contra el fiscal de la causa”, agregó.
Soria sostuvo que su detención en Neuquén en agosto pasado fue “completamente ilegal” y que las acusaciones contra los ambientalistas “no tienen pruebas ni testigos”. “El fiscal armó un relato con contradicciones y mezcla de versiones. Vamos a pedir la nulidad total de la causa”, afirmó.
“No hay licencia social, aunque ganen elecciones”
También cuestionó al gobernador Alfredo Cornejo por usar el resultado electoral como argumento para habilitar el proyecto minero. “Decir que por haber ganado una elección tienen vía libre para aprobar San Jorge es falso. Si se cuentan los votos del padrón, sólo el 26,5% del electorado de Uspallata apoyó al oficialismo. No tienen licencia social”, aseguró.
Soria recordó que algo similar ocurrió en 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez intentó modificar la Ley 7722 y debió retroceder ante las masivas protestas ciudadanas. “La historia demostró que el pueblo mendocino no avala la megaminería. Y lo volverá a demostrar”, advirtió.
Actualmente, el activista continúa su trabajo ambiental en la zona y escribe un libro sobre la flora nativa de la cordillera. “Más allá de las persecuciones, seguimos adelante. El pueblo de Mendoza se opone a la megaminería, y tarde o temprano se va a hacer justicia”, concluyó.
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