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En el estudio de radio La Mosquitera FM 88.1, entre mates y micrófonos encendidos, el senador provincial Gerardo Vaquer se toma un momento para saludar, pero rápidamente se adentró en un tema tan urgente como complejo: los derechos ambientales y, en particular, el impacto del proyecto minero San Jorge en la provincia de Mendoza.
“Es una situación que nos inquieta a todos”, asegura Vaquer, ingeniero agrimensor de profesión y con una extensa trayectoria en la gestión pública —desde director de Cultura y Turismo hasta secretario de Gobierno en Lavalle—, hoy representa al Partido Justicialista en la Legislatura y, desde ese rol, intenta poner bajo la lupa los efectos de la actividad minera en los recursos hídricos.
San Jorge: la preocupación sube a la superficie
Vaquer fue uno de los legisladores que visitó el yacimiento de San Jorge en Uspallata, invitado oficialmente por el gobierno provincial y la empresa. Lo que encontró allí, lejos de despejar dudas, encendió nuevas alarmas. “Pregunté específicamente si había perforaciones y controles sobre el agua subterránea. La empresa dijo que sí, que habían construido cinco freatímetros. Pero cuando consulté a la Policía Minera, no sabían dónde estaban”, relató sorprendido. “La cara del resto de los legisladores era de incredulidad”.
Para el senador, este tipo de inconsistencias son graves. “Si realmente quieren hacer una minería seria y sustentable, no se entiende por qué niegan sistemáticamente la información”.
Bloqueos institucionales
Vaquer explica que solicitó pedidos de informes al Ministerio de Ambiente y al Departamento General de Irrigación para acceder a información precisa. Sin embargo, ambos fueron bloqueados por el oficialismo de “Cambia Mendoza” en la Cámara Alta. “No se logró la mayoría para aprobar los informes. Es importante que la ciudadanía entienda esto: uno de los principales roles de la Legislatura es el control del Ejecutivo, y si se niegan esos controles, estamos ante un problema democrático”.
Una excepción fue el pedido sobre el Arroyo El Tigre, cauce desde donde la empresa pretende extraer agua para la explotación minera. Este informe sí fue aprobado y actualmente está en manos de Irrigación. La duda central: ¿esas aguas son “propias” —como afirma la empresa— o forman parte del sistema hídrico que abastece a toda la cuenca del río Mendoza?
Una cuenca vital
Vaquer remarca la importancia estratégica del río Mendoza: “Sobre esta cuenca vive más de un millón y medio de personas. No estamos hablando solo de agua para consumo humano, sino también de una enorme capacidad productiva: agricultura, ganadería, industria. Es el corazón económico y social de la provincia”.
El temor, explica, es que el uso intensivo del agua por parte de la minera —según datos de la empresa, unos 141 litros por segundo del Arroyo El Tigre— pueda comprometer la disponibilidad y la calidad del recurso. “En invierno no hay deshielo. En esa época el arroyo probablemente no lleve agua, y la empresa podría estar utilizando todo el caudal en verano. Es una situación que debe estar muy clara antes de avanzar”.
Control ciudadano: la última trinchera
Frente a la negativa institucional, Vaquer anuncia que recurrirá a mecanismos de acceso a la información pública como ciudadano. “Todos podemos hacerlo. La provincia está obligada a responder. Es fundamental que la ciudadanía sepa que tiene estas herramientas”.
Más allá del agua: la política como escenario de disputa
Vaquer amplía la mirada y vincula estos conflictos ambientales con decisiones políticas más amplias. “Lo que está pasando con el hospital Garrahan, por ejemplo, también es política. Desfinanciar la salud pública para abrir negocios privados es una decisión ideológica, no técnica”.
Y agrega “La política ha hecho bastante para que la gente se divorcie de ella. Pero también puede ser parte de la solución. El problema es cuando se vota con bronca o con resignación. Hay que volver a pensar en lo colectivo, en qué país queremos”.
El conflicto con La Pampa
El distrito minero occidental de Malargüe y su posible impacto sobre el río Colorado, fuente de agua para cinco provincias. La Pampa ya elevó su queja. Vaquer, con experiencia como representante de Mendoza en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), sostiene que es urgente un enfoque integral: “No se puede seguir mirando estos temas con una lógica fragmentada. La cuenca es una sola, y todos sus actores deben sentarse a dialogar”.
