Julián Peñaloza, integrante autoconvocado de las asambleas por el agua, cuestionó la Ley 9740, que declara la emergencia por riesgo hidrometeorológico en Mendoza, y advirtió sobre los intereses económicos que podrían avanzar sobre la gestión del agua. Además, analizó el libro Hidrología aplicada en la gestión hídrica, publicado por el Departamento General de Irrigación, y puso en discusión quién decide sobre un bien esencial para la vida.
El agua vuelve a estar en el centro de la disputa política en Mendoza. La aprobación de la Ley 9740, que declara la emergencia hídrica por 180 días, y la reciente publicación del libro Hidrología aplicada en la gestión hídrica, del Departamento General de Irrigación, abren interrogantes sobre el futuro del recurso, los criterios para distribuirlo y el lugar que ocuparán las comunidades en esas decisiones.
En diálogo con En Colectivo, Julián Peñaloza, integrante autoconvocado de las asambleas socioambientales territoriales, propuso leer ambos acontecimientos en conjunto. Su advertencia es contundente: detrás del lenguaje técnico y de las medidas presentadas como respuestas a una emergencia pueden esconderse cambios profundos en las reglas de acceso y distribución del agua.
¿Estamos frente a una política para garantizar el derecho al agua o ante un nuevo escenario para convertirla en una mercancía?
Una emergencia que habilita decisiones sobre el agua
La Ley 9740 declara la emergencia hídrica por 180 días y, según lo señalado durante la entrevista, habilita mecanismos extraordinarios de contratación y adquisición. Para Peñaloza, el problema no se limita a la respuesta inmediata frente a los riesgos hidrometeorológicos: también hay que discutir qué decisiones permite tomar la emergencia, quién las controla y qué participación tiene la sociedad.
El referente cuestionó la rapidez con la que se aprobó la norma y la falta de una construcción colectiva que permita debatir sus consecuencias. “Una ley nunca se puede imponer, las leyes siempre se tienen que exponer y se tienen que construir”, sostuvo durante la conversación.
Desde su mirada, la emergencia puede convertirse en una herramienta para introducir transformaciones estructurales en la gestión hídrica sin un debate público suficiente. Por eso, insistió en la necesidad de examinar la legislación junto con los documentos técnicos que, a su entender, anticipan el rumbo de las políticas provinciales sobre el agua.
La discusión no es menor en una provincia donde el agua sostiene la vida cotidiana, la producción de alimentos y los ecosistemas. Las decisiones sobre su distribución involucran derechos colectivos y no pueden quedar reducidas a cálculos económicos o definiciones técnicas inaccesibles para la población.
El libro de Irrigación y las claves de una disputa
Publicado recientemente, Hidrología aplicada en la gestión hídrica reúne once capítulos dedicados a distintos aspectos del funcionamiento y la administración del agua. Peñaloza lo analizó como una pieza central para comprender las orientaciones que podrían adoptar las políticas hídricas en Mendoza.
Uno de sus cuestionamientos apunta al modo en que se elaboran estas propuestas. El referente recordó la experiencia de la plataforma Participá, impulsada por Irrigación para abrir a la sociedad la discusión sobre los planes maestros del sector hídrico y el Código de Aguas. Según relató, aquel proceso estuvo atravesado por intereses contrapuestos y no logró construir acuerdos.
Frente a ese antecedente, cuestionó que la discusión se traslade a equipos de especialistas sin garantizar una participación social efectiva. También señaló que el trabajo técnico fue financiado con recursos públicos, lo que refuerza la necesidad de conocer sus fundamentos y discutir sus implicancias.
Para Peñaloza, la complejidad del lenguaje utilizado no debería funcionar como una barrera para la ciudadanía. Por el contrario, comprender qué se propone hacer con el agua es indispensable para ejercer el derecho a participar en las decisiones que afectan a toda la provincia.
Balances hídricos, aforos y prioridades económicas
Uno de los puntos que destacó durante la entrevista está en los capítulos vinculados con los aforos y los balances hídricos.
Los aforos permiten registrar y medir caudales en puntos determinados. Los balances hídricos, por su parte, permiten evaluar la disponibilidad y los movimientos del agua en un territorio. Según el análisis de Peñaloza, estos instrumentos no son neutrales: las decisiones sobre cómo medir, interpretar y distribuir el recurso también pueden definir qué actividades reciben prioridad.
El entrevistado advirtió que, si la distribución se organiza según la rentabilidad económica de cada actividad, la minería podría terminar disputando el agua destinada al abastecimiento de las poblaciones o a la producción de alimentos.
Su preocupación se centra en que las decisiones sobre la escasez no se resuelvan exclusivamente mediante cálculos económicos, sino que contemplen las necesidades sociales, ambientales y productivas, con mecanismos transparentes y participación de las comunidades.
Peñaloza también cuestionó la falta de publicación periódica de balances hídricos que, según señaló, deberían permitir conocer con mayor claridad la situación de las aguas superficiales y subterráneas. En ese marco, vinculó la necesidad de contar con información pública actualizada con la responsabilidad institucional de proteger el recurso.
La nieve, las sequías y el lenguaje técnico bajo la lupa
Otro de los ejes de su lectura es la incorporación de nuevas categorías para analizar las sequías y la disponibilidad de agua, entre ellas las relacionadas con la nieve y la recarga de los acuíferos.
Peñaloza sostuvo que estos conceptos deben examinarse en relación con los planes maestros hídricos y con los informes elaborados por la empresa israelí Mekorot para Mendoza. A su entender, estas propuestas podrían modificar los criterios utilizados para relacionar el agua de origen níveo, la superficial y la subterránea, con consecuencias sobre la forma de administrar el recurso.
En particular, cuestionó que se impulsen modelos de eficiencia hídrica, como el riego por goteo, sin discutir quién puede afrontar sus costos y quiénes se benefician con su implementación. Durante la entrevista mencionó una prueba piloto en una finca de San Carlos que combina riego por goteo y paneles solares, y alertó sobre el riesgo de que las nuevas tecnologías profundicen las desigualdades entre grandes empresas y pequeños productores.
La pregunta de fondo es qué significa realmente optimizar el uso del agua: si se trata de garantizar un acceso más justo y sostenible o de reorganizar su distribución en función de determinadas actividades económicas.
¿Una emergencia para garantizar el agua o para cambiar las reglas?
Uno de los pasajes más preocupantes de la entrevista fue la interpretación que Peñaloza hizo de las referencias del libro a posibles interrupciones del servicio de agua potable durante mayo y junio. El referente advirtió que esas menciones podrían anticipar medidas de fuerte impacto sobre la población y vinculó esa posibilidad con las facultades extraordinarias que, según su lectura, habilita la Ley 9740.
Se trata de una interpretación planteada por el entrevistado que requiere contrastarse con el texto completo de la publicación, la reglamentación de la ley y las explicaciones oficiales de los organismos responsables. No obstante, la preocupación abre una discusión urgente: cualquier medida que afecte el abastecimiento de agua potable debe contar con fundamentos claros, información pública y garantías para la población.
En una provincia atravesada por la escasez hídrica, la planificación es indispensable. Pero una emergencia no debería convertirse en una vía para eludir controles, reducir la participación ciudadana o imponer decisiones que comprometan derechos fundamentales.
La pregunta no es solamente cuánta agua hay, sino quién decide cómo se distribuye, con qué criterios y en beneficio de quién.
El agua no puede quedar en manos de los intereses de mercado
La discusión que propone Peñaloza excede un libro o una ley. Se trata de definir qué modelo de gestión hídrica necesita Mendoza y qué lugar ocupan las comunidades en su construcción.
El acceso al agua, la producción de alimentos, el abastecimiento urbano y la protección de las cuencas no pueden abordarse como variables aisladas de una ecuación de rentabilidad. Tampoco alcanza con invocar la emergencia si no se garantiza que las medidas adoptadas respondan al interés público y puedan ser discutidas y controladas por la sociedad.
Frente a los avances de proyectos extractivos y a las disputas por los bienes comunes, las asambleas por el agua sostienen la necesidad de mantener la discusión en el espacio público. Informarse, acceder a los documentos y debatir sus consecuencias son pasos fundamentales para defender el agua como condición de vida.
Porque en Mendoza, donde cada gota importa, la gestión del agua no puede decidirse de espaldas al pueblo.
🎙️ Escuchá la entrevista completa a Julián Peñaloza en En Colectivo, por FM 88.1 Radio Comunitaria La Mosquitera, y conocé en detalle su análisis de la Ley 9740 y del libro Hidrología aplicada en la gestión hídrica:
